El organismo dependiente de Hacienda evita concretar si los motivos económicos planteados por los consultantes son válidos
Las personas físicas y jurídicas que planean llevar a cabo
una reestructuración, escisión o fusión empresarial acogiéndose a las ventajas
del régimen fiscal especial han perdido una de sus bazas más importantes de
cara a evitar una futura regularización tributaria. De un tiempo a esta parte,
la Dirección General de Tributos (DGT) parece evitar posicionarse
claramente en las respuestas a las consultas que plantean los contribuyentes,
omitiendo en ellas si los motivos económicos expuestos por los afectados son
válidos o no. De esta forma, denuncian varios abogados y asesores fiscales, el
organismo dependiente del Ministerio de Hacienda deja totalmente en el aire la
luz verde al régimen especial que permite evitar la tributación derivada
de una operación de esta índole.
Cabe recordar que cuando un contribuyente quiere hacer una operación de
reestructuración acogida a un régimen fiscal especial, el cual le permite no
pagar impuestos y diferirlos en el tiempo, tiene que cumplir con una serie de
requisitos económicos que sean considerados como válidos. Es decir, si Hacienda
concluye que la operación se ha hecho con el objetivo principal de obtener un
ahorro fiscal se cierra la puerta a este régimen especial.
Tradicionalmente, antes de llevar a cabo cualquier operación, los
contribuyentes acudían a la DGT y formulaban una consulta vinculante exponiendo
su caso para así asegurarse “el correcto acogimiento de la operación planteada
al régimen especial fiscal” en caso de que Tributos validase la operación.
Era, por así decirlo, una suerte de blindaje ante futuras
comprobaciones, ya que el pronunciamiento de la DGT, “si confirmaba la validez
de los motivos planteados”, se entendía casi siempre como vinculante.
Sin embargo, en las últimas resoluciones analizadas por los expertos,
“la DGT evita pronunciarse de forma expresa, aun y a pesar de ser directa y
explícitamente preguntada al respecto ante una casuística concreta y particular
por parte del interesado”. Es decir, el órgano dependiente de Hacienda se
limita a decir que la validez será objeto de comprobación por parte de los
inspectores una vez se haya ejecutado la operación.
Esta situación, provoca en los contribuyentes afectados una sensación
enorme de inseguridad jurídica, puesto que ya no pueden conocer con
certeza la opinión de la Agencia Tributaria acerca de “la existencia
o no de una motivación económica válida”. Esta incertidumbre, hace que muchos
contribuyentes no se atrevan a dar el paso por miedo a futuras comprobaciones y
regularizaciones, lo que supone un parón para el mercado.
Inicialmente, las consultas de Tributos sobre esta temática sí dejaban
en negro sobre blanco si los planteamientos alegados por los solicitantes que
se querían acoger al régimen especial eran correctos o no. Es cierto que en
muchas ocasiones la DGT se guardaba un as bajo la manga y solía matizar en sus
contestaciones que la última palabra la tendría siempre la inspección
comprobadora, por lo que no siempre existía un blindaje total. Pese a ello, cuando
los consultantes obtenían una respuesta positiva solían poner en marcha la
operación planteada, puesto que la autorización de la DGT ya sembraba el
camino.
Más tarde, Tributos comenzó a dilatar sus respuestas en el tiempo,
alargando el proceso a veces durante años. Y ahora, “que parece que empiezan a
responder con mayor celeridad, tras una larga espera nos encontramos con que la
contestación no proporciona la seguridad jurídica que se pretendía”, puesto que
reduce la cuestión a la comprobación inspectora final.
El gran problema que plantea esta situación que queda invalidada la
capacidad de los interesados para formular una consulta vinculante, ya que
resulta imposible anticiparse al criterio interpretativo de la Administración
tributaria. “La DGT ha optado por mantener una posición neutral mediante el no
pronunciamiento al respecto”, continúa la abogada, algo que vacía la “esencia y
finalidad perseguida por el legislador con la regulación de las consultas
tributarias escritas por parte del obligado”.
Costes
millonarios
Cuando un contribuyente quiere hacer una operación de reestructuración
acogida al régimen especial tiene que argumentar motivos económicos válidos. En
caso de que no los haya y la inspección cuestione la aplicación del régimen
especial “el afectado tendrá que pagar el impacto fiscal que se había diferido,
y que en este tipo de operaciones supone un coste fiscal muy abultado”.
“Cuando Hacienda niega la aplicación del régimen especial, el
contribuyente tiene que ingresar lo que se había ahorrado; es decir, aflora la
tributación inicialmente diferida”. Para hacerse una idea del impacto,
prosigue, se puede analizar el caso de una persona física con una participación
directa en una empresa. Si, por ejemplo, se decide aportar esa participación a
otra sociedad holding, acogiendo la operación al régimen especial, y finalmente
la inspección de los tributos niega su aplicación, la plusvalía latente
relacionada con la participación transmitida quedaría gravada por el IRPF del
socio a un tipo de gravamen que podría alcanzar actualmente el 28%.
Motivos
válidos
A ojos de la Agencia Tributaria, los contribuyentes cuentan con unas 60 motivaciones económicas que se consideran válidas. Algunas de ellas, según los datos facilitados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), son la centralización de costes administrativos, la separación de la participación del grupo familiar en un nuevo holding, asegurar la supervivencia y continuidad futura de la empresa familiar o facilitar la realización de nuevas inversiones por todo el grupo familiar de forma conjunta y unificada a través del holding
.
FUENTE:
Cinco Días
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