Ni empresarios ni sindicatos quieren oír hablar de una regulación extraordinaria de salarios y dividendos.. Los agentes sociales marcan así líneas rojas ante el aviso del Gobierno de consecuencias muy relevantes por la crisis de Ucrania.
Los agentes sociales convocados a la Moncloa para discutir los términos del pacto de rentas propuesto la semana pasada por el presidente Pedro Sánchez para prevenir los efectos económicos de la guerra en Ucrania han rechazado poner sobre la mesa los salarios de los trabajadores y los dividendos de las empresas.
Sánchez pidió "moderación salarial y contención en los beneficios" para frenar la espiral inflacionista, pero ni sindicatos ni patronales consideran que sea buena idea discutir y regular estas materias en una negociación extraordinaria con el Gobierno.
Los representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT se han reunido esta mañana durante más de tres horas con Sánchez y los principales ministros involucrados en la gestión de las consecuencias económicas del conflicto. El Gobierno les ha trasladado que los efectos de la guerra en Ucrania "serán muy importantes", sin especificar.
Hace apenas una semana que la Unión Europea decidió aprobar una batería de sanciones económicas sobre Rusia que no tienen precedentes. Las consecuencias sobre la economía del país prometen ser devastadoras pero el bloqueo comercial y financiero provocará también daños sobre las economías occidentales dependientes de las materias primas tanto rusas como ucranianas. Los precios del gas y del petróleo ya han roto todos los récords y los mercados descuentan aún fuertes subidas en las próximas semanas.
Las graves dificultades que puede generar esta situación en empresas y familias son evidentes. Las medidas en la mano del Gobierno van desde establecer ayudas para sectores especialmente afectados a aplicar cambios a la fiscalidad que amortigüen la escalada de los precios de la energía o penalicen el reparto de beneficios empresariales al tiempo que se apoya la contención de los precios frenando las subidas salariales en la Administración marcando así un camino al sector privado.
Ninguna de estas medidas, sin embargo, ha trascendido aún. Sí se ha hecho referencia a dos áreas concretas como son la energía, que ha multiplicado sus precios por las expectativas de un conflicto prolongado en el que se restringirá el acceso a las materias primas, y el sector agrario, especialmente en productos como el pienso y el cereal necesarios para alimentar el ganado. No obstante, la demanda de medidas extraordinarias comienza a extenderse a otros sectores como el del transporte por carretera que pide apoyo urgente por el alza de los precios del combustible.
Yolanda Díaz es el único miembro del Gobierno asistente a la reunión que ha mostrado su opinión sobre el rumbo que tiene que tomar la acción económica del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Necesitamos una nueva política de rentas que equilibre la balanza", ha señalado a través de Twitter. "Este momento de crisis debemos afrontarlo como el resto de países europeos. Fortalecer lo público, proteger a la gente, el empleo y redoblar esfuerzos en la transición ecológica. Hay que ensanchar nuestra democracia".
Sindicatos y empresarios han señalado que discutirán todo tipo de cuestiones cuando les sean planteadas pero que los salarios de los trabajadores y los dividendos de los negocios no estarán en esta agenda.
"Cualquier pacto salarial se debe enmarcar en un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con cláusulas de revisión en los próximos tres años", ha aclarado el líder de CCOO, Unai Sordo. Las negociaciones de patronal y sindicatos para abordar este punto comenzaron la semana pasada con UGT reclamando un aumento salarial del 5%. "La guerra no puede tocar la hija de ruta marcada" han indicado los representantes sindicales en el sentido de que la crisis abierta por el conflicto en Ucrania no puede suponer un paréntesis en el proceso. «La inflación muy alta que tenemos no va a poder repercutirse de forma inmediata al conjunto de los salarios, pero en el plazo de tres años hay que garantizar que conserven su poder de compra y eso se hace a través de cláusulas de revisión salarial», ha resumido.
Los empresarios por su parte han advertido de que responder a esta crisis con una nueva regulación extraordinaria de la vida económica sería "muy peligroso". Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha indicado que, aunque Sánchez no ha puesto sobre la mesa esta posibilidad, "una regulación absoluta haría que sobrara el diálogo social ante subidas de impuestos". A su lado, Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme ha entrado más al detalle de la demanda de los sindicatos al señalar que hablar únicamente de inflación a la hora de negociar los salarios es un error. "Hay que hablar de productividad y competitividad: indexar los salarios al IPC sería un error", ha asegurado en referencia al que en el plazo de unos meses se ha convertido en el mayor problema económico del país después de reconocer que la situación actual es de una gran incertidumbre: "No sabemos qué va a pasar".
FUENTE: EL MUNDO
