El Ejecutivo ha solicitado su tramitación parlamentaria por vía de urgencia, ya que la nueva norma transpone una Directiva Europea que está pendiente de adaptación al marco español desde 2016.
María Jesús Montero ha afirmado que el proyecto conjuga la necesidad de reforzar la cooperación internacional con la garantía de la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en especial del derecho a la intimidad reconocido en la Constitución. Asimismo, incluye un régimen sancionador específico para quienes incumplan sus preceptos, con sanciones que oscilan entre los 6.000 y los 240.000 euros.
