El colectivo empieza a recuperar la actividad, pero debe hacer frente a nuevos retos como la devolución de los ICO o la crisis energética
Abrumadora mayoría. Un 92% de los autónomos, nueve de cada diez, no tiene pensado contratar a nadie en lo que resta de ejercicio ante la compleja situación económica por la que atraviesa un sector que, tal y como vienen denunciando desde las principales asociaciones, ha agotado todo su colchón financiero.
La actividad empieza a recuperarse tras el parón de la pandemia, pero el colectivo debe hacer frente a nuevos retos como la devolución de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o la propia crisis energética.
Los datos recopilados de una encuesta de Adecco evidencian cómo un 12,8% de los consultados achacan al incremento de costes su decisión de no aumentar la plantilla de cara al nuevo curso. Una situación que, además y según el último barómetro de ATA -una de las principales asociaciones del sector-, ha obligado a un 57% de ellos a subir los precios de sus productos.
La evolución del precio de la electricidad, los carburantes e incluso de las materias primas se ha vuelto prácticamente insostenible, junto al problema de la escasez de suministros de los últimos años.
No obstante, el aumento de costes no es la única razón que reflejan los encuestados para no contratar. Hay un 26,8% que no puede hacerlo porque su actividad está en contracción. Apenas un 7,95% de los autónomos consultados para el estudio planea reclutar más personal. La parte positiva del estudio es que solo un 8,87% ha realizado despidos este año.
Carga administrativa
Ante el difícil entorno actual, los encuestados también evidencian su preocupación por otros problemas, como las elevadas cargas sociales y administrativas o la elevada fiscalidad a la que consideran que se ven sometidos.
Del mismo modo, la encuesta destaca también la dificultad para conseguir clientes (24,55%) y la competencia desleal que, según indican, «provoca la economía sumergida en alza por las crecientes dificultades económicas y una legislación poco efectiva en la lucha contra el fraude».
Pese a los obstáculos, las perspectivas son mejores que hace un año, cuando un 31,4% confesaba que se encontraba en una situación muy mala. Ahora, ese porcentaje ha bajado hasta el 21,8%, aunque un 29,3% reconoce que el pasado año tuvo que recurrir a la prestación por cese de actividad.
FUENTE: LAS PROVINCIAS
