La Cara / Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández.
Abogado, perteneciente a la sección jurídica del Club Cámara Madrid.
Académico de la Muy Ilustre Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Profesor de ISDE
Una de las noticias que más ha agitado el mentidero de los juristas expertos en el Derecho de la Unión Europea ha sido la creación de la Fiscalía Europea. Esta institución, establecida por el Reglamento 2017/1939, de 12 de octubre de 2017 y financiada por el presupuesto de la UE, convierte a la Fiscalía Europea en la primera fiscalía supranacional que estará a cargo de las investigaciones y de las actuaciones penales que se produzcan dentro de su ámbito de actuación.
Oficialmente, la Comisión Europea anunció a todos los ciudadanos de la Unión, que esa institución, tan rechazada por unos, como reclamada por otros, comenzaría sus actividades el 1 de junio de 2021.
Tal y como se ha publicado en los medios de comunicación e información de la Unión Europea, esta fiscalía, creada a modo de oficina europea, tendrá como cometido “la investigación y el enjuiciamiento de delitos que afectan al presupuesto de la UE. Es decir, que su creación está dirigida, única y exclusivamente a perseguir los delitos económicos que quebranten o menoscaben los dineros de la Unión Europea. Los fiscales europeos, cuya directora es Laura Kövesi, tomarán medidas drásticas contra los delincuentes y velarán por qué no se malgaste ni un solo euro a causa de la corrupción o el fraude…”
Con ello, la propia Unión Europea ha creado un órgano de autodefensa de sus presupuestos, con sede en Luxemburgo, que recibirá las denuncias de cualquier ciudadano que detecte un delito económico directamente relacionado con la corrupción de aquellos políticos y funcionarios, que, en los Estados miembros de la Unión Europea, defrauden el dinero de los presupuestos de la Unión.
La Cruz/ Guillermo Calvo. / Abogado
El pasado primero de junio ha empezado a funcionar la nueva Fiscalía Europea, una institución creada en el seno de la Unión, y en la que inicialmente van a participar todos los Estados miembros excepto Hungría, República de Irlanda, Polonia, Suecia y Dinamarca.
Se trata fundamentalmente de un intento de articular un sistema de persecución y lucha contra dos tipos de fraude que socavan las finanzas de los Estados miembros de forma directa y los de la propia Unión: las conocidas operaciones de fraude del IVA intracomunitario (mediante las célebres “Compañías Trucha” o el “Carrusel”, entre otras) y el uso indebido de los Fondos Estructurales.
Se calcula que los Estados miembros pierden unos 50.000 millones de euros debido solo a las operaciones fraudulentas de IVA intracomunitario. Parece lógico que ante esta astronómica cifra haya que reaccionar de alguna manera. Lo que quizá es más sorprendente es que después de años conociendo y persiguiendo estos modelos de delincuencia económica de un modo interno, y con unos sistemas de cooperación limitados e ineficaces, se tenga que plantear una solución a estas alturas, tras décadas de fracaso. Pero ya sabemos que nunca es tarde.
¿Cuál va a ser el objetivo de la nueva Fiscalía? Sobre todo el fraude del IVA intracomunitario, que se realiza, a grandes rasgos y de forma muy resumida, de esta manera:
Una primera compañía, convenientemente registrada en un Estado miembro de la Unión, realiza una entrega intracomunitaria de bienes a una segunda empresa, también registrada en otro Estado miembro. La segunda compañía, que está comprando la mercancía exenta de IVA, realiza a continuación una nueva operación: una entrega interior a una tercera empresa, que se encuentra radicada en el mismo Estado en el que está la segunda.
FUENTE: LEGAL TODAY
