El comité de expertos entrega a la ministra de Hacienda su propuesta de reforma fiscal: recomienda subir los impuestos verdes en hasta 15.000 millones, armonizar tributos autonómicos y establecer un tipo único en el IVA
El asedio ruso a Ucrania y las consecuencias económicas que están provocando las sanciones impuestas por Occidente a Moscú también tiene efectos en la política española. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este jueves subidas de impuestos ante la situación actual. “No se va a plantear ninguna subida fiscal”, ha señalado durante el acto de presentación del voluminoso informe, de más de 800 páginas, elaborado por el comité de expertos de la reforma fiscal.
El calendario es a veces caprichoso. El prolijo trabajo que durante 10 meses han desarrollado los 17 académicos, reunidos por Hacienda y capitaneados por Jesús Ruiz-Huerta, corre el riesgo de quedar congelado hasta la próxima legislatura. El Ejecutivo tenía una pequeña ventana de oportunidad para aprobar algunas de las medidas planteadas por los fiscalistas, en su mayoría subidas de impuestos, pero el conflicto en Ucrania ha reducido el margen de actuación. A partir del próximo verano, arrancará la larga carrera electoral que conducirá a los comicios autonómicos y locales de mediados de 2023 y a las legislativas a finales de ese mismo año.
“En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos”. La frase pronunciada por Benjamin Franklin en el siglo XVIII podría cuestionarse a la vista de la situación política actual. El Libro Blanco sobre la reforma tributaria de 2022, presentado este jueves por los expertos, contiene 118 recomendaciones para configurar una reforma que, en palabras de estos académicos, “debe adecuarse a la realidad económica del siglo XXI, y garantizar un sistema tributario más equitativo, progresivo, justo y que incorpore la imposición medioambiental, digital y la perspectiva de género”. Los sabios de Hacienda abordan en el extenso informe la situación del sistema fiscal y proponen un menú de soluciones para que sean los políticos los que decidan el camino a seguir.
La propuesta incluye una importante subida de impuestos verdes por valor de hasta 15.000 millones de euros, la eliminación o modificación de un buen número de beneficios fiscales, el establecimiento de un tipo único de IVA, la supresión del sistema de módulos, la armonización de los impuestos autonómicos como el impuesto de patrimonio y el de sucesiones y donaciones, la derogación del Impuesto de Actividades Económicas y el establecimiento de peajes en función de los kilómetros recorridos en las autovías.
El trabajo encargado por María Jesús Montero parte de la necesidad de ir reduciendo el enorme agujero presupuestario de las cuentas públicas. El FMI, la Comisión Europea y otros organismos internacionales han recomendado a España que explore vías para reducir la brecha fiscal. La diferencia de recaudación respecto a la media de la UE está en 3,9 puntos de PIB y España mantiene un déficit estructural superior a los 40.000 millones de euros. Sin embargo, la ministra de Hacienda ha insistido este jueves en que ahora, con la guerra en Ucrania y la economía todavía recuperándose, no es el momento de subir impuestos. “Se trata de una propuesta a largo plazo”, ha subrayado.
A cambio de las ayudas europeas, el Gobierno tiene comprometido hacer una reforma fiscal sobre la base de las conclusiones de los expertos para principios del año que viene. Estas son las principales medidas que defiende el documento:
Impuestos medioambientales
Es el principal eje de la reforma planteada por el comité. Este calcula que se podrían recaudar entre 5.941 millones de euros y 15.023 millones de euros más. Los sabios hacen hincapié en “el reducido peso de los impuestos medioambientales y su compleja y asistemática regulación actual”. Instituciones internacionales como la Comisión, el FMI o la OCDE llevan años recomendando a España aumentar los impuestos verdes.
El Libro Blanco organiza las propuestas en cuatro ejes: en primer lugar, plantea ordenar la tributación sobre la energía eléctrica y eliminar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que supondría una merma para las arcas públicas de 1.230 millones, y rebajar el impuesto especial sobre la electricidad, con un coste de 1.486 millones. De esta forma, se fomentaría la electrificación para pasar al vehículo eléctrico.
En segundo lugar, pide revisar e incorporar nuevos impuestos sobre el transporte: la compra y tenencia de vehículos para gravar más la contaminación, sobre la congestión, el uso por infraestructuras y la aviación. El nuevo impuesto sobre las emisiones de la aviación y el transporte marítimo, que grava el uso de queroseno y otros combustibles, podría recaudar entre 206 millones y 1.701 millones. También habría una nueva tasa sobre los billetes de avión que generaría unos 951 millones.
Uno de los asuntos más espinosos es la subida del impuesto sobre los carburantes. Los expertos exponen algún cambio técnico, pero sobre todo equiparar la gasolina y el diésel, lo que podría reportar unos 2.621 millones si se incluye el uso profesional. Y llegaría a los 6.850 millones si el alza se lleva hasta los niveles europeos que marca la nueva regulación europea en este ámbito, el llamado Fit for 55. También está la modificación del impuesto de matriculación y del de circulación para hacerlos más eficientes y gravar más la contaminación. Lo cual podría aportar entre 862 millones y 2.335 millones adicionales al cambiar el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), y entre 276 y 610 millones con la modificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM).
El peaje por uso de las vías de alta capacidad o autovías de la red viaria de España es otro de los asuntos que han analizado los expertos. Plantean un pago por kilómetros recorridos, lo que obligaría a establecer una red de arcos para el pago de peaje, al estilo de Portugal. De esta forma, desechan la viñeta verde, que sería la preferencia del Ministerio de Transportes porque sería más ágil aplicarla y no tendría algunos efectos perversos que sí tendrían los peajes directos sobre las autovías, como un posible cambio de preferencia por otras vías, que podría provocar congestión. Con este impuesto se espera recaudar entre 1.172 y 1.397 millones.
La tributación medioambiental en manos de las comunidades y Ayuntamientos es un auténtica madeja, cuya redacción es en ocasiones un complejo galimatías, poco efectivo y con escasa recaudación. Los expertos plantean ordenar todo este entramado de impuestos medioambientales para ingresar unos 294 millones más reformando la imposición a los residuos. Con la extracción de áridos se prevén unos 426 millones.
Por último, los fiscalistas calculan que se podrían conseguir unos 279 millones más con el impuesto sobre fertilizantes nitrogenados y otros 932 millones ampliando la fiscalidad de las emisiones.
Eso sí, los expertos piden que estas subidas sean muy graduales, se compensen con ayudas a las rentas más bajas que salgan perjudicadas, se tenga en cuenta la situación de la economía y no se apliquen hasta que la recuperación se haya afianzado. Recuerdan que el nivel de impuestos es una decisión política, aunque defienden que el problema de las cuentas públicas se encuentra, sobre todo, en la parte de los ingresos.
El informe pone el énfasis en el escaso peso de los tributos medioambientales en España, la baja calidad de su diseño y la necesidad de generar cambios para combatir el cambio climático poniendo un precio a la contaminación. Pero también pone una especial atención en el impacto que pueden tener estas medidas en las rentas bajas y sobre la competitividad empresarial. “La capacidad recaudatoria de muchas figuras contempladas es elevada, especialmente en el caso del transporte, y puede suministrar los recursos necesarios para mitigar los efectos distributivos y sobre la competitividad”, afirma el texto. Y añade que la compensación a grupos de rentas bajas puede revertir los efectos negativos con un empleo moderado de recursos.
