La IGAE constata que hasta marzo la Administración únicamente ha hecho pagos por 680 millones de los 27.000 millones previstos para este año
Aunque la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, había prometido "velocidad de crucero" en el despliegue de los fondos europeos Next Generation este año, lo cierto es que entre enero y marzo de este ejercicio el Ejecutivo sólo ha hecho pagos por valor de 682,8 millones de euros, del total de 26.900 millones que están presupuestados para el año.
Según las Estadísticas de Ejecución del Presupuesto publicadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con datos hasta marzo de 2022, la Administración ha desembolsado en pagos en el primer trimestre del año sólo un 2,5% del total presupuestado para el ejercicio. Esa es la cantidad que en el primer trimestre han recibido realmente empresas privadas, beneficiarios y, sobre todo, entidades públicas destinatarias.
En concreto, 477,1 millones de euros han sido adjudicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana -la mayoría destinados a la construcción de viviendas de alquiler social y edificios eficientes-, 172 millones han sido desembolsados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -para transformar el modelo turístico hacia la sostenibilidad con un plan de trabajo en destinos-, y 12 millones han ido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -de los cuales 10 son para el Fondo Español de Garantía Agraria-.
Otros organismos que han recibido pagos con cargo a los fondos Next Generation han sido el Ministerio de Sanidad, con 6,6 millones para digitalización; el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con 5,17 millones -la mayoría para la innovación e internacionalización de la FP-; Defensa, con 5 millones para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); Igualdad, 1,7 millones para el plan 'España te protege contra la violencia machista' y Asuntos Económicos, 1,6 millones, para modernización y digitalización.
Aunque inicialmente los fondos presupuestados ascendían a 26.900 millones de euros, el Ejecutivo ha modificado el presupuesto y ahora asciende a 27.920 millones de euros para el conjunto del año. Si el ritmo actual de desembolsos se mantuviera todo el año, el volumen de dinero inyectado en la economía real sería a cierre de año de 2.728 millones de euros, solo un 10% del total.
Pese a que el dinero que ha llegado a la economía real es poco, la Administración ha autorizado gastos por valor de 7.040,9 millones de euros hasta marzo (un 25,2% del presupuesto anual), ha comprometido gastos por valor de 4.389 millones de euros a proyectos concretos (15,7% del total) y ha reconocido obligaciones netas por 1.315 millones de euros. El volumen de pagos, no obstante, es de 682 millones y la propia IGAE admite que el porcentaje de realización (obligaciones netas frente a crédito total) es de solo un 4,7%.
FALTA TRANSPARENCIA
En 2021 el Gobierno había presupuestado créditos totales con cargo a los fondos Next Generation por valor de 24.198 millones de euros, pero los pagos realizados en el ejercicio solo fueron de 11.000 millones. Esto supone que quedaron 13.198 millones pendientes de ser distribuidos.
Las autorizaciones, no obstante, ascendieron a 22.128 millones; los compromisos, a 20.977 millones; y las obligaciones reconocidas, a 20.044 millones.
Pese a que 11.000 millones sí se desembolsaron, se desconoce cuántos llegaron a la economía real, ya que este volumen incluye transferencias a otras administraciones (principalmente comunidades autónomas). Por esta razón el impacto de estos fondos en el Producto Interior Bruto (PIB) fue "casi nulo", según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El propio Ejecutivo ha reconocido en más de una ocasión que no puede conocer en tiempo real cómo gastan el dinero las autonomías o a qué ritmo licitan y la AIReF, por su parte, le ha pedido varias veces que sea más transparente con las cifras.
"Resulta necesario un esfuerzo de transparencia y coordinación entre todos los ámbitos de las Administraciones Públicas para hacer accesible la información requerida en el marco de la comunicación de la Comisión Europea de fecha de 2 de marzo de 2022. En particular, esta información hace referencia a la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación en términos de contabilidad nacional a lo largo del horizonte del programa de estabilidad, lo que resulta de elevada utilidad a la hora de valorar su impacto", recomendaba la autoridad en su último informe.
En respuesta a la AIReF publicada este martes, Hacienda argumenta precisamente que en las Estadísticas de ejecución del presupuesto de la IGAE se da cumplimiento a la obligación del artículo 135 de la Ley General Presupuestaria de poner a disposición de las Cortes Generales la información sobre ejecución, en la que se incluye información sobre la ejecución del Plan de Recuperación a 31 de marzo de 2022.
FUENTE: EL MUNDO
