La nueva ley de lucha contra el fraude fiscal pone en el punto de mira a algunos profesionales.
Con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, el Gobierno pone en el punto de mira a algunos sectores profesionales, lo que afectará especialmente a ciertos autónomos.
La nueva normativa vigila especialmente los pagos en efectivo, y reduce los pagos máximos que pueden realizar y recibir empresarios y autónomos, de 2.500 a 1.000 euros.
Por este motivo, según indican desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) al portal especialiado Autónomos y Emprendedores, los autónomos más afectados por la nueva normativa serán aquellos donde se utiliza frecuentemente dinero en efectivo, como el comercio y la hostelería.
Así, el Gobierno pretende evitar la economía sumergida, una problemática que ya se observaba en el Plan General de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria, en el que se establece un refuerzo del control de «aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas«.
