Los artículos que permiten a las empresas descolgarse de los convenios no han sido modificados
La negociación entre patronal y sindicatos para alcanzar un pacto de rentas para el periodo 2022-2024 saltó la semana pasada por los aires después de que las posturas entre las dos partes hayan llegado a un punto en el que el acuerdo parece ya imposible. Ahora, cada parte dará sus propias directrices a los negociadores para pactar los convenios colectivos que tienen que ser renovados.
La búsqueda de un acuerdo de salarios para los próximos años ha estado marcada por el incremento descontrolado de la inflación, que ha llegado al 8,4% en abril. La última propuesta de la CEOE sobre la mesa era una subida salarial del 8% distribuida en tres años. Este incremento sería gestionado por las empresas según su situación económica (2,5% en 2022, 2% en 2023 y 1,5% en 2024). Los sindicatos propusieron un alza muy similar: 3,4% para este año, 2,5% para 2023 y 2% para 2024. Sin embargo, las centrales sindicales exigían tres cláusulas de revisión en caso de desviación de la inflación para el periodo, algo a lo que se niega rotundamente la patronal.
No obstante, y aun en el muy hipotético caso de que en algún convenio pudiera colarse una revisión de salarios de acuerdo con la inflación, los empresarios contarían con una herramienta a la que echar mano y que les permitiría esquivar esta hipotética cláusula: el Estatuto de los Trabajadores.
A pesar de los cambios introducidos en el Estatuto de los Trabajadores a través de la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hay muchos aspectos de la norma aprobada en 2012 que se mantienen. Uno de ellos es la posibilidad de que las empresas se puedan descolgar de subidas salariales pactadas en los convenios sectoriales.
El Gobierno dio a entender en su día que esta circunstancia no se podría volver a dar tras la última reforma laboral, pero esto no es así, tal como queda plasmado en los artículos 41 y 82 del Estatuto de los Trabajadores, que no han sido objeto de modificación.
El artículo 41, que se refiere a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, señala que la empresa podrá introducir estos cambios sustanciales “cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción”. “Se considerarán tales”, señala el artículo, “las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”. Entre las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo están las que afectan al “sistema de remuneración y cuantía salarial”.
Por lo que se refiere al artículo 82, que está en el título reservado a los convenios colectivos, en el mismo se afirma que cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a diversas materias, entre las que están el “sistema de remuneración y cuantía salarial”.
De este modo, el Gobierno, al no cambiar estos artículos, ha dejado la puerta abierta a que las empresas puedan obviar subidas salariales que no les interesen acogiéndose a las razones “económicas, técnicas, organizativas o de producción” a las que hace referencia el Estatuto de los Trabajadores.
Sea como fuere, y a pesar de contar con estos dos artículos para neutralizar subidas de salarios indeseadas, la CEOE se decanta por dar unas directrices para la negociación de los convenios. La patronal recomienda tener en cuenta la productividad y que no acepten para 2022 subidas de sueldo en los convenios que superen el 3,6% de incremento que ha aplicado el Gobierno este año al Salario Mínimo Interprofesional. Además, va a recomendar que no se indexe la evolución de los salarios al IPC.
Por su parte, los sindicatos ya han anunciado movilizaciones y que van a tensar las negociaciones de los convenios para obligar a la patronal a negociar, lo que hace prever un otoño de movilizaciones.
FUENTE: ECONOMIST & JURIST
