La nueva reducción será en 2023 de 6.498 euros, aunque se mantiene que una renta media pueda gravarse al mismo tipo que un millonario.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 han vuelto a
poner de relieve una de las mayores deficiencias del impuesto de la renta
sobre las personas físicas (IRPF), al mantener el esquema de los últimos años a
la hora de aplicar la reducción por rendimientos netos del trabajo. Tal y
como está concebido actualmente este impuesto se generan dos tipos de efectos
negativos.
El primero de ellos es que quiebra el principio de generalidad en su
aplicación, lo que afecta a la equidad del impuesto limitando el poder
redistributivo del mismo, tal y como señala el catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad Complutense, José Félix Sanz. Esto es así porque esta
reducción lleva a elevados costes de eficiencia, ya que dispara los tipos marginales
efectivos de trabajadores con rentas moderadas.
Esto supone que el segmento denominado phase-out de la
reducción, que está comprendido entre los nuevos niveles 14.047,5 y los
19.747,5 euros de rendimientos netos (15.000 y 21.000 brutos), tal y como
recoge el articulado de los PGE para 2023, la reducción pasa de su valor
máximo, fijado el próximo año en 6.498 euros, a desaparecer completamente. Ello
provoca un efecto perverso sobre la magnitud de los tipos marginales.
Así, las rentas más bajas que se encuentran entre estos niveles se les
dispara su marginal por encima del 50%, lo que supone que por esa porción de
renta van a tener que tributar por un tipo como si tuviese un nivel de rentas
superior a los 300.000 euros.
Se pone de relieve como por cada 100 euros adicionales que ganen estos
contribuyentes más modestos, se pierden 150 euros de reducción, al que se tiene
que sumar un tipo marginal del 24% de la tarifa, lo que provoca que 50 euros
vayan a manos de Hacienda.
En opinión de este experto, esta reducción debería ser una firme
candidata a ser reconsiderada, si bien la última decisión de Hacienda al
respecto ha sido continuista, siguiendo la trayectoria de las modificaciones
llevadas a cabo en los últimos años.
Su eliminación, de hecho, supondría un incremento de la factura fiscal
para aquellos niveles de renta más bajas, aunque sería un paso correcto en la
equidad del impuesto.
Desde Hacienda, señalan a este diario que se está analizando de que
forma se podría eliminar este efecto, pero lo cierto es que el articulado de
los Presupuestos, solo contempla la modificación del artículo 20 de la Ley del
IRPF, introduciendo los nuevos niveles que minorarán el rendimiento neto del
trabajo.
Deflactar el IRPF
Esta distorsión en la aplicación de esta deducción se suma al efecto
que genera no elevar la tarifa y el resto de los elementos del IRPF a la
evolución de la inflación. Aunque algunas comunidades han llevado a cabo
actualizaciones a determinados niveles de renta en su tramo autonómico, la no
generalización de esta medida al conjunto de los tramos supone un incremento de
la fiscalidad “en frío”. Según los trabajos realizados por este catedrático,
los efectos de la no actualización del impuesto en función de la inflación, se
hace mucho más patente en el agregado del conjunto de rentas más bajas que en
las de mayores ingresos.
De esta manera se confirma cómo el dicho popular que dice que la
inflación es el impuesto añadido de los pobres es una realidad. Dentro del
coste total de 4.110 millones de euros por no deflactar el IRPF en 2021, cuando
el IPC acabó en el 6,5%, puede apreciarse como las rentas medias y bajas son
las más afectadas. En concreto, el 65,1%, con 2.671 millones de euros, se
corresponde con los niveles de renta comprendidos entre 0 y 36.000 euros.
Según los datos de la Agencia Tributaria, dentro de este umbral de
renta se concentra el mayor número de declaraciones de este impuesto, con cerca
de 18 millones de declaraciones, el 85,8% de un total de 21 millones
presentadas. Este umbral de renta supone también el 56% de lo que se recauda
por este tributo.
Los datos que arroja el trabajo de este experto elevan hasta el 80,29%
este coste por no tener en cuenta la inflación, si se amplía el umbral de renta
hasta los 48.000 euros.
El sobrecoste fiscal hasta este nivel alcanza, por tanto, los 3.300 millones de euros. Para el caso de las rentas de más de 60.000 euros, el impacto es muy superior, obteniéndose un sobreimpuesto de 872 euros de media más por declaración para aquellas rentas superiores a los 120.000 euros.
