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«El Gobierno estará muy vigilante para que la mezcolanza que se está produciendo en el trabajo por cuenta propia no se haga a costa de los derechos de las personas trabajadoras», dijo ayer la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. La nueva titular de Trabajo aprovechó para avanzar que en los próximos meses el Gobierno intensificará la actividad de la Inspección de Trabajo impartiendo formación especializada a inspectores y subinspectores y a través de programas piloto en varias comunidades autónomas. Esta lucha contra el fraude a la Seguridad Social es uno de los principales fines del plan director de lucha contra la explotación laboral que quiere poner en marcha el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La ministra participó ayer en los cursos de verano de la UCM en El Escorial, donde pronunció una conferencia bajo el título «Nuevos retos para autónomos y emprendedores» en un acto organizado por ATA. Esta asociación de trabajadores por cuenta propia estima que en España existen más de 100.000 falsos autónomos, una figura que se ha propagado como la pólvora en España desde la crisis y que hace perder a la Seguridad Social en torno 500 millones cada año en un momento en el que el sistema de pensiones, con un déficit de 18.800 millones de euros, necesita de liquidez para asegurar su sostenibilidad.

Con esta estructura fraudulenta de trabajo, las empresas evitan dar de alta en la Seguridad Social a sus empleados -les obligan a darse de alta como autónomos-, y con ello esquivan el pago, como cualquier otra empresa, de las cotizaciones al régimen general, el de los asalariados. Por este motivo la Inspección ya levantó actas de liquidación a Deliveoo, una de las empresas de reparto a domicilio, tras el aluvión de denuncias sobre la supuesta explotación laboral de sus trabajadores y actuó de oficio sobre el resto (Glovo, UberEats..). En breve se conocerá el nombre de otra de estas empresas a la que reclama cotizaciones la Seguridad Social .

Los nuevos trabajos de la denominada «economía bajo demanda» están unidos por una estructura laboral que está siendo fuertemente cuestionada y en la diana de la Inspección de Trabajo, aunque es el colectivo de periodistas es, sin embargo, donde más casos se están produciendo, seguido de los «riders», de la industria cárnica y de los profesiones liberales (arquitectos, peritos y abogados).

La organización que dirige Lorenzo Amor explica a ABC que se ha producido un trasvase de sector de estos falsos autónomos. Asegura que si en 2008 el 80% estaban localizados en el sector de la construcción, actualmente, en torno al 25% están en el sector de la comunicación. En 2008 las estadísticas reflejaban que había dados de alta 30.000 periodistas autónomos; hoy son más de 65.000, lo que supone duplicar en solo diez años su registro.

A diferencia de lo que ocurría antes de la crisis, en el sector de la construcción los falsos autónomos ya son una minoría, aunque desde ATA alertan de que puede que se vuelva a producir un nuevo repunte si el sector mantiene el ritmo de recuperación actual, con subidas de dos dígitos en Madrid y Barcelona.

Valerio arremetió contra las denominadas plataformas colaborativas, entre las que se encuentran empresas como Uber, Cabify o Deliveroo, por la forma en que desarrollan sus políticas laborales. «Es intolerable el abuso que se hace por parte de algunas empresas hacia la figura del autónomo», señaló la ministra de Trabajo. «Se está usando a algunas personas que necesitan empleo, les están ofreciendo trabajar como autónomos en vez de trabajadores por cuenta ajena, les exigen que se compren los materiales que necesitan para ejercer y les someten a condiciones laborales absolutamente abusivas», añadió.

«El que haya falsos autónomos es un problema, un fraude de ley y hay que combatirlo. Desde ATA siempre hemos pedido mayor control, dado que esta forma encubierta de trabajo asalariado hacen mucho daño a aquellas empresas -muchas de ellas regentadas por autónomos - que contratan a sus trabajadores como establece la ley», dice Amor.

Entre otras medidas para frenar este fraude de ley la mayor organización de autónomos ha reclamado la creación de un registro de autónomos económicamente dependientes (Trade) -hay que recordar que no son falsos autónomos - y que sea el propio Trade el que tenga la obligación de comunicar y registrar personalmente su condición como tal a través del sistema Red, indicando en cada caso los datos de la empresa o grupo de empresas que suponga al menos el 75% de su facturación. Afirma que esta actuación facilitaría a la Inspección un mayor control de las empresas que utilizan esta figura.

FUENTE: ABC