El Consejo de Ministros aprobó ayer la declaración
institucional con motivo del Día para la Igualdad Salarial, establecido por
acuerdo del Consejo de Ministros en el año 2010. Con esta declaración, el
Gobierno de España expresa su compromiso con la erradicación de la brecha
retributiva entre mujeres y hombres, una de las más flagrantes desigualdades en
el ámbito económico y laboral que, aún hoy, sigue afectando a nuestro país.
Según el INE, esta brecha, por cómputo anual, alcanza el 21,4%. Reproducimos
dicha declaración:
“La incorporación de las mujeres al mercado de
trabajo asalariado, en un sentido histórico, se ha efectuado sin que las
responsabilidades de cuidado familiar y doméstico se distribuyeran de igual
modo entre ambos sexos. Esto implica, de forma general, que las trabajadoras
entran al empleo formal con los cuidados a cuestas y, por ello, toman
decisiones en cuanto a sus condiciones laborales mediadas por dichas
obligaciones. La parcialidad, la temporalidad, la mayor precariedad y la
discontinuidad en sus carreras profesionales son el resultado de una
inexistente corresponsabilidad real, que tiene por efecto la merma en los
salarios y retribuciones y, en el medio y largo plazo, una mayor pobreza en sus
futuras pensiones.
La crisis del coronavirus, en la que el mundo está
inmerso desde hace un año, ha afectado específicamente a las mujeres tanto en
el frente laboral como en el de los cuidados. Datos de Eurofund señalan un
aumento del 0,4% de la brecha de género en el ámbito laboral entre abril y
septiembre de 2020. El Gobierno de España quiere expresar, con esta declaración
institucional, su firme compromiso para incidir correctivamente en ambos, dando
cumplimiento al mandato constitucional de igualdad que se expresa, en nuestro
ordenamiento jurídico, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres. En dicho texto se recogió, de forma
pionera, una serie de medidas con especial incidencia en el ámbito del empleo
asalariado y de la igualdad real.
Durante el año 2020, España aprobó dos normas que
desarrollan los presupuestos de la Ley de igualdad en materia de transparencia
e igualdad retributiva y de desarrollo y puesta en funcionamiento de los planes
de igualdad (el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres y el Real Decreto 901/2020, de 13 de
octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se
modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo). Estas dos herramientas permitirán,
en el medio plazo, una incidencia directa en el combate contra la brecha
salarial, sustentada no sólo en una menor discriminación directa, sino
especialmente en la indirecta que se deriva de la no adopción del principio de
igual retribución por trabajos de igual valor en nuestro país. También en un
sentido histórico aquellos trabajos considerados despectivamente femeninos han
conllevado una menor valoración de las habilidades que se les presuponen y, en
consecuencia, una inferior consideración salarial.
El Gobierno de España no sólo está comprometido con
la igualdad retributiva en el ámbito estatal, sino que la considera parte de su
política internacional tanto a nivel europeo como en el marco de las relaciones
con las Naciones Unidas, en el plano del cumplimiento de la Agenda 2030 y,
también, del Foro Generación Igualdad promovido por ONU Mujeres, en el que
España colidera la coalición de acción en materia de Justicia y Derechos
Económicos. La plena igualdad en el ámbito del trabajo asalariado -indisoluble
de la igualdad en el ámbito de los cuidados- es un reto global que traspasa las
fronteras nacionales para interpelar al conjunto del sistema socioeconómico
global, sustentado de forma flagrante en desigualdades de género muy
relacionadas con el trabajo de las mujeres y con la injusta distribución de los
cuidados. El inicio del proceso de ratificación por parte de España de la Carta
Social Europea supone otro hito en la asunción de compromisos internacionales
que debe encaminar al país a la garantía del trabajo decente, para lo cual
resulta imprescindible la perspectiva feminista en el conjunto de la
consideración sobre el mercado de trabajo, sus regulaciones, normativas y actores”.
