Sanidad es el sector con mayor número de trabajadores interinos, aunque agricultura y hostelería están a la cabeza en porcentaje
España es campeona en temporalidad. No hay ningún otro país europeo que tenga un mayor porcentaje de empleados con fecha de caducidad. En esta situación de incertidumbre laboral están más de 4,4 millones de ocupados, el 26% del total, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al tercer trimestre.
Y pese a que uno de los grandes retos del Gobierno es reducirla a través de la contrarreforma laboral, lo paradójico es que es la Administración la responsable de una cuarta parte del empleo temporal, puesto que más de 1,1 millones son trabajadores públicos.
No se trata de algo nuevo en el mercado de trabajo español. No, la pandemia en este caso no tiene nada que ver, sino al contrario. Es un problema estructural que se arrastra desde hace décadas y que ninguna ley ni Ejecutivo ha conseguido cambiar.
Así, durante el confinamiento, en el segundo trimestre de 2020 la temporalidad se situó en mínimos, en el 22%. Una tasa más baja que la que se ha registrado en los últimos 10 años, cuando la eventualidad se ha mantenido entre el 25% y el 30%. Los niveles más bajos los registró durante los momentos más críticos de los años 2013 y 2014, con la ocupación en mínimos y el paro en máximos. A partir de la recuperación de los siguientes años, la temporalidad volvió a crecer hasta situarse en torno al 27% desde finales de 2016 hasta finales de 2019. Y, salvo que se tomen medidas, ese mismo camino ascendente lleva ahora, aunque aún lejos de la tasa cercana al 35% que se alcanzó en 2006.
Por eso para Bruselas la gran prioridad en la contrarreforma laboral que el Ejecutivo está negociando con los agentes sociales y que tiene que estar lista antes de que termine el año es reducir significativamente esta temporalidad. Y en esas está el Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha puesto encima de la mesa de sindicatos y patronal sus recetas para poner punto y final a la temporalidad. Su objetivo es limitarla al máximo y reducirla al menos al 15%. De hecho, su propuesta es prohibir que las empresas tengan más de un 15% de su plantilla con contratos temporales.
Es más que probable que esta medida no llegue a ver la luz, ya que cuenta con la oposición tanto de patronal como de sindicatos y tiene además que pasar el filtro de la otra parte del Gobierno que entra en la negociación, con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a la cabeza. Además, se une la dificultad de llevarla a buen término, ya que en la actualidad son mayoría casi total los sectores que incumplirían ese porcentaje de temporalidad inferior al 15%.
Empezando por el Estado, que es el primer gran infractor. Así, si la tasa de temporalidad en el sector privado se sitúa en el 21,9%, en el público se eleva por encima del 31%, diez puntos más. Solo en el último año ha realizado casi 170.000 contratos interinos para reforzarse para la pandemia. Complicado tiene, pues, el compromiso de situar la temporalidad en el 8% en tres años.
Por ello, dos de los sectores con mayor inestabilidad son educación y sanidad, con gran peso de lo público en sus plantillas. De hecho, sanidad es la actividad que más interinos concentra: casi 650.000 y su tasa se eleva por encima del 35%. Educación ha reducido bastante su porcentaje de temporalidad en este tercer trimestre: comenzó el año con un 31,5% y ahora está en el 26,1%.
Tras la sanidad, es la hostelería el sector que mayor número de trabajadores con contrato eventual tiene: más de 520.000 y una tasa cercana al 40%. ¿Cómo podrían los hoteles, restaurantes y bares reducir en 25 puntos esta eventualidad para cumplir con la premisa de Yolanda Díaz?
Pero es agricultura el sector con más temporalidad: casi la mitad de sus empleados son eventuales e incluso a principios de año eran más del 60%. La construcción y las actividades relacionadas con el ocio y el entretenimiento también están a la cabeza en temporalidad. Por el contrario, la banca y los seguros es la actividad del CNAE con la temporalidad más baja, de apenas el 7,5%, y la única que cumpliría en la actualidad con un límite inferior al 15%.
FUENTE: LAS PROVINCIAS
