“Hay que aprobar pronto la reforma de pensiones para cumplir con Europa".
"El objetivo de la reforma del Reta no es que sea un instrumento recaudatorio".
"La pensión máxima subirá de forma proporcional a la cotización máxima".
La dureza de la crisis económica provocada por la pandemia ha puesto a prueba la fortaleza de la Seguridad Social española para proteger a empresas, trabajadores y colectivos más vulnerables. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoce que ha tenido que redoblar esfuerzos para poder coser el escudo social, lo que ha provocado asumir niveles de déficit inéditos, de más de 50.000 millones de euros el pasado año. Asegura que es un factor coyuntural y que el sistema de pensiones estará equilibrado antes de acabarse la legislatura. Además, confía en iniciar la aprobación parlamentaria de la reforma este mismo verano, un elemento crucial para recibir los fondos de reconstrucción europeos.
¿Cómo afectará la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad a las finanzas del Sistema? ¿Cuánto gasto compensará la reforma de las jubilaciones anticipadas?
Estamos planteando una modernización completa del Sistema, con múltiples medidas. Algunas de ellas suponen un aumento del gasto, como la sustitución del IRP por un mecanismo estable que garantice el poder adquisitivo, y otras compensan estos incrementos de gastos, fundamentalmente todas las medidas encaminadas a alinear la edad efectiva de jubilación a la ordinaria. No obstante, queremos que este acercamiento de la edad efectiva a la edad ordinaria esté basado en incentivos, es decir, no requiere forzar a nadie a hacer nada. Hemos hecho encuestas y la gente que está a punto de jubilarse o está en torno a la edad de jubilación ignora que de acuerdo a la legislación actual tiene incentivos monetarios por demorarla. También hemos comprobado, en esas encuestas, que mucha más gente estaría interesada en demorar su jubilación si en lugar de que el premio sea un poquito más de pensión adicional durante toda la vida del pensionista, se les ofreciera esa ganancia en forma de un pago de una sola vez justo en el momento de jubilarse. Ese incentivo adicional en forma de un pago puede llegar hasta 12.000 euros por año demorado.
¿Qué ocurrirá con la jubilación forzosa por convenio?
Para que esto funcione tenemos, además, que derogar la disposición adicional décima del estatuto de los trabajadores. Esta es una disposición que tiene apenas dos años de vigencia, que no existe prácticamente en ningún país de nuestro entorno, y que establece que, en convenio colectivo, empresarios y trabajadores pueden forzar a una persona a jubilarse. Esto es lo que queremos derogar, porque diluiría nuestra estrategia de jubilación demorada, no ocurre en ningún país de nuestro entorno, y además hemos, porque somos un país que tiene una de las tasas de actividad entre 55 y 70 años más bajas de Europa y desde luego estamos muy por debajo de la media europea.
Queremos empujar a la gente la que demore unos meses el retiro anticipado
¿Se derogará completamente?
Probablemente establezcamos un periodo transitorio de aplicación para que los convenios que están vigentes en estos momentos no se vean afectados. Estamos poniendo un límite, tampoco lo vamos a hacer absoluto. Pero claramente será una edad significativa por encima de la edad ordinaria.
¿Cuál es el calendario exacto, cómo de inminente es la reforma?
En el diseño que hagamos nunca vamos a afectar los comportamientos de personas que estén a punto de jubilarse, las reformas de pensiones que están bien diseñadas establecen procesos de despliegue graduales en el tiempo. De forma que nadie debe de estar inquieto porque le vaya a afectar algo de forma sobrevenida cuando uno está a punto de tomar una decisión, o la vaya a tomar en un periodo de tiempo suficientemente próximo. El compromiso de España del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es que la ley esté aprobada a final de año. Eso requiere llevarla al Parlamento pronto.
La reforma del PP está desenfocada, hemos explicado en la UE que no vale como punto de partida
¿Entonces no temen una oleada de jubilaciones anticipadas agotando el 31 de diciembre?
No, porque la reforma no está diseñada para afectar comportamientos de ese tipo. Estas son reformas que están pensadas para estar vigentes durante 30 años, y a un horizonte de 30 años.
¿Cómo logrará demorar el retiro anticipados si flexibilizan los coeficientes reductores?
Hemos estudiado quién se está jubilando en este momento anticipadamente, qué características tiene y cuándo lo hacen, y hay una alta proporción de personas están en pensión máxima de jubilación, seguramente porque tienen coeficientes desincentivadores mucho más bajos que los demás, del 4% frente al 16%, por cómo se calcula el coeficiente desincentivador. Eso lo vamos a cambiar, primer cambio importante, y el otro es, lo que llamamos los economistas modificar comportamientos en el margen, es decir, al final, la mayoría de las personas se jubilan justo cuando tienen la posibilidad de hacerlo a los dos años. ¿Qué significa esto? Que, desde el punto de vista del conjunto del sistema, si esas personas modifican su comportamiento sólo unos pocos meses, y se jubilan 3 o 4 meses después, desde el punto de vista agregado tendría un impacto muy significativo para la sostenibilidad. Los nuevos coeficientes incentivan que la gente espere esos meses.
¿Tienen algún feedback de Bruselas sobre el componente 30?
Sí. Hemos discutido muy extensamente lo que incluye el componente 30 con las autoridades europeas. Hablamos con ellos desde septiembre y, por tanto, lo que hemos tenido con las autoridades europeas, más que discutir un poco los detalles, ha sido explicarlos y yo creo que están muy bien diseñados y se ha entendido perfectamente la fineza y la precisión con la que hemos defendido los distintos esquemas. Hemos tenido que ponernos de acuerdo porque venían de un a priori que no estaba del todo bien aquilatado, sobre la métrica, que tenían escenarios muy pesimistas y muy exagerados basado en supuestos. Lo hemos explicado y hemos convergido y por eso, en el Ageing Working Group, que es donde esto se sustancia a nivel europeo, ya están nuestras métricas totalmente asumidas. También explicamos la reforma del 2011, sobre la que nosotros estamos construyendo -probablemente no se explicó suficientemente en Bruselas porque fue un gobierno que estaba prácticamente saliendo y en un momento convulso- y sus efectos sobre la sostenibilidad del sistema. Y también hemos tenido que explicarles que la reforma del 2013 estaba muy desenfocada, no tenía ningún apoyo, generaba incertidumbre y no podía servir de ancla de partida.
Hay que aprobar pronto la reforma de pensiones para cumplir con Europa
¿La reforma de pensiones es condición para los fondos europeos?
Yo no diría que es una condición per se, pero España se ha comprometido a que en el plan de recuperación y resiliencia haya incorporadas transformaciones y modernizaciones que den respuesta a lo que Europa nos lleva años pidiendo dentro de las recomendaciones específicas de país y que aseguren que los fondos tengan un mayor impacto. España tenía un vacío desde el momento en el que la reforma del 2013 dejó de aplicarse y había que explicar cómo íbamos a asegurar la sostenibilidad y la suficiencia del sistema de pensiones. Llevábamos años en que nos lo estaban pidiendo, y esto es parte de lo que España se compromete a hacer. Es importante que se apruebe para que España pueda cumplir los hitos del plan de recuperación, y concretamente en este caso, el primer paquete de pensiones, en el plan de recuperación está que tiene que aprobarse antes de final de año.
¿No hay en este Gobierno, o igual es general, una obsesión por cargar sobre las rentas altas? Se les va a penalizar por jubilarse antes, y además se les va a destopar las cotizaciones sociales, y por otra parte nos han anunciado, no este Ministerio sino otro, el de Hacienda, que se le van a subir los impuestos en la próxima, con el IRPF.
No, yo no creo que haya que penalizar en ningún caso las rentas altas, lo que sí es verdad es que los sistemas fiscales de los países de nuestro entorno son más progresivos que el nuestro. En el ámbito de pensiones nos hemos encontrado algunos aspectos en los que el sistema era muy regresivo, es decir, no tiene explicación que las personas que tengan base máxima tengan una penalización del 4% y las personas que están en una pensión más baja tengan un 16%. No se trata de penalizar a nadie sino de ser más equitativos. Y también hay que analizar quién se beneficia más de los bienes públicos. Sabemos que en el ámbito de pensiones la esperanza de vida está muy asociada al nivel de renta, entre otros factores. Hay diferencias de esperanza de vida por municipios en España de hasta 6 años y la correlación es altísima con el nivel de renta de cada municipio.
La pensión máxima subirá de forma proporcional a la cotización máxima, no se tocará la contributividad
¿No sería lógico que la reforma tuviera una pata más transversal para la fiscalidad del ahorro?
Sí. Esa es otra parte en la que estamos trabajando intensamente. Hemos tenido un modelo hasta ahora donde las rentas medias se beneficiaban muy poco de los incentivos fiscales existentes. Sabemos, por ejemplo, porque está desarrollado en otros países, o en el País Vasco, que el mecanismo más potente para eso es a través de los planes de empleo. Hay que tener en cuenta que un plan de empleo tiene un coste medio más bajo, las comisiones están en torno al 0,3%, mientras que en un plan individual está en torno al 1,06%. Calculemos lo que es durante toda una vida perder casi un punto al año de rentabilidad durante 40 años y significa alcanzar una pensión un 16% más elevada. Es decir, cambia completamente el atractivo del fondo. Lo que creamos nosotros adicionalmente es un mecanismo con estímulos fiscales potentes para que estos planes de empleo se generalicen.
Cuando se destopen las cotizaciones, ¿se destopará el ingreso, o la jubilación?
Cuando se eleve el tope de la cotización se haría lo mismo con el ingreso. La contributividad del sistema se mantendrá inalterada, de tal forma que quien ingrese, quien cotice más, y llegue hasta el nuevo tope tendrá también más pensión, claro. Será proporcional y se mantendrá la contributividad del sistema inalterada.
El objetivo de la reforma del Reta no es que sea un instrumento recaudatorio para la Seguridad Social
En los Erte, ¿va a pesar mucho en septiembre ese esquema previo propuesto por el Gobierno que rechazaba la patronal?
Hay que ser siempre prudentes, iremos viendo como están las condiciones y nos sentaremos de nuevo hacia finales del verano, y veremos dónde estamos en ese momento y rediseñaremos como hemos hecho durante todo el periodo de la pandemia. Ahora bien, el escenario central, que ya ha marcado el propio diseño de los Ertes ahora, es uno de recuperación muy fuerte. Los datos de mayo ponen de manifiesto que tenemos una recuperación del mercado de trabajo muy intensa, y una reducción de trabajadores en Ertes de casi 100.000 personas. Lo lógico es que, tal como está el proceso de vacunación en toda Europa -que son los principales demandantes de servicios turísticos en España-la pandemia se vaya superando y las restricciones administrativas continúen levantándose de una forma bastante rápida. Lo estamos viendo en la incorporación de trabajadores en hostelería, sobre todo en restauración, y yo creo que el siguiente paso lo tenemos que ver en servicios de alojamiento, fundamentalmente por la demanda europea. Sabemos que las reservas hoteleras están yendo a buen ritmo. Por tanto, todas las condiciones apuntan a que septiembre se dará una situación muy distinta a la actual, incluso, aunque ya ahora estemos mucho mejor que en enero.
¿Qué porcentaje irá al desempleo?
En este momento la mayoría de los sectores ya no se están viendo afectados, tenemos aproximadamente unos 530.000 trabajadores en Erte, de los que con exoneraciones a la Seguridad Social hay menos de 400.000. El resto son de empresas que no están entre los sectores que consideramos ultraprotegidos a partir de octubre, pero que han mantenido los Ertes. Estos son como 170.000 aproximadamente. Además, hay otros 160.000 que están suspendidos a tiempo parcial. Digamos que tenemos ahora mismo no activados unos 370.000 trabajadores, pero yo tendría a pensar que el grueso de ellos se van a recuperar. De los otros 170.000 que no están en sectores ultraprotegidos, sino desperdigados en muchos sectores distintos y probablemente de empresas individuales, que ya tenían probablemente dificultades antes y que no han podido salir hacia adelante. Teniendo en cuenta que en España un punto de paro equivale a 200.000 personas y a que este problema está acotado en muy pocas empresas, yo creo que podemos estar en ese entorno.
Entonces, se perdería en torno a un punto sobre el empleo…
Sí. Pero se compensará con una intensa creación de empleo nuevo.
También se ha hablado mucho de empresas zombi...
Sí, pero estamos hablando de algo relativamente limitado desde el punto de vista del conjunto de la economía. Yo creo que después, sobre todo como resultado del enorme esfuerzo inversor del plan de recuperación y resiliencia en los próximos años, va a haber todo un conjunto de nuevas actividades que van a crecer, por ejemplo, el sector de la construcción, que está con niveles históricos de empleo relativamente bajos.
El objetivo de la reforma del Reta no es que sea un instrumento recaudatorio para la Seguridad Social
¿Y cómo se puede explicar que en algunos sectores o ramas se esté contratando a gente de fuera cuando hay gente en Erte?
Para eso está la inspección. La inspección de trabajo está activa, y se han detectado algunos casos de fraude, pero vamos, no estamos hablando de algo generalizado.
¿La inflación será prolongada?
Tenemos que seguir muy de cerca los indicadores adelantados. La inflación observada nunca ha sido un buen elemento, y está muy influida ahora por el precio de las materias primas y la recuperación… La inflación subyacente es un indicador mucho más sólido, con señal mucho más clara, y en general la inflación subyacente no da ningún síntoma de repunte significativo.
Lo lógico es que el déficit vuelva al 2%-3% al recuperar la senda de actividad precrisis
¿Ve un cambio en el ámbito de política monetaria?
No, no creo que todavía sea el momento de hacer esa reflexión, pero no me corresponde a mí en ningún caso. Mi sensación viendo los indicadores que los bancos centrales ponderan y cómo están desplegándose, es que estamos todavía lejos de ese punto.
¿Se mantendrán los tramos en la reforma de autónomos?
Siempre ha habido acuerdo con los autónomos sobre la necesidad de tramos en el futuro sistema, esto es algo consensuado con las asociaciones de autónomos. Tenemos que seguir trabajando con la Agencia Tributaria en los próximos meses, al mismo tiempo que hablamos con los autónomos, por tanto, esta es una reforma que la vamos a ir haciendo, y no veo discrepancias fundamentales con las asociaciones de autónomos en ese punto.
¿Prevén mayores ingresos en el Reta pese a rebajar la cuota a 2 millones de autónomos?
El objetivo no es tener más ingresos a la Seguridad Social. Nunca he dicho que este fuera un instrumento recaudatorio. De lo que se trata es que, igual que los asalariados cotizan en función de sus ingresos reales, los autónomos, con sus particularidades porque también tienen más volatilidad en sus ingresos, también lo hagan.
¿Cree que eso va a sacar economía sumergida? Elevaría los ingresos...
Creo que el cruce de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social es un buen mecanismo en esa dirección. Por ahí es más posible que creciera la recaudación. Sería un mecanismo indirecto, pero no es el objetivo per se. Pero lógicamente todo lo que sea mejorar la transparencia es deseable.
No creemos que elevar el límite de renta sea muy útil para agilizar el proceso
¿Hay problemas con la aprobación de la ley del ingreso mínimo vital?
No, aunque es lógico esperar a tener un cierto periodo de despliegue para ver exactamente cómo ha funcionado y si hay algunos aspectos del ingreso mínimo vital que requieren cambios normativos. En este casi primer año de vida, lo han solicitado 1,3 millones de personas aunque hay un porcentaje importante de los que nosotros habíamos estimado originariamente que los nos lo deberían pedir que no lo han hecho. Estamos trabajando sobre esos datos para intentar entender mejor el por qué. Y eso nos tiene que poder dar pistas para que la ley se rediseñe de una determinada manera.
¿Van a elevar el nivel de renta para acceder al ingreso mínimo o como parte para acelerar un poco las concesiones?
No, del análisis que estamos realizando no nos parece que ese mecanismo sea muy útil, porque lo que estamos viendo es que hay unos 500.000 hogares que nos han pedido el ingreso mínimo vital y no se les ha concedido porque superan los umbrales de renta y patrimonio establecidos. Y no solamente lo superan, sino que la mayoría lo hacen ampliamente, con lo que elevar los umbrales no tendría como resultado de una forma muy significativa el aumentar el número de beneficiarios.
La viudedad no es un gasto impropio de la Seguridad Social, no hace falta sacarlo
¿El nuevo factor de equidad intergeneracional cómo aplicaría la corrección de gasto?
Entre el año 2025 y el año 2045-2050, los jubilados tienen que ser sostenidos por una generación que es más pequeña. Entonces, lo que yo creo que es lógico, es que seamos los baby boomers los que tengamos un gesto con la generación posterior. De lo que se trata es de no cargar en los jóvenes la solución a un problema no generado por ellos sino de que se produzca una asunción equitativa.
¿Qué previsión tiene de déficit de la Seguridad Social?
La Seguridad Social debería estar en equilibrio presupuestario para 2025. Debería estar en equilibrio presupuestario, porque ya este año los PGE establecen ya de forma permanente asumir 14.000 millones de gasto impropios de la Seguridad Social.
Pero en 2020 el déficit fue de 50.000 millones...
Es algo transitorio, condicionado por la pandemia. Y además pagado por los Presupuestos. No se pagan con cotizaciones sociales. Por lo tanto, la previsión nuestra es que la Seguridad Social tenga cuentas equilibradas cuando salgamos de la pandemia de forma permanente.
¿Sacarán también las pensiones de viudedad?
La viudedad no hace falta tocarla. No está en discusión todavía. El Pacto de Toledo ha identificado gastos impropios por más de 20.000 millones sin tener en cuenta ni la pensiones de viudedad ni de orfandad.
¿Qué medidas prevén para atacar el déficit público estructural?
La pandemia va a devolvernos a una situación de nivel de actividad económica como la precrisis. Por lo que el déficit público será el que había precrisis, el déficit público estructural. ¿Cuál era la estimación de déficit público estructural que había en el año 2019? Pues según los rangos que había estaba entre el 2 y el 3%. Pues lo lógico, no hay ninguna razón para pensar que no volvamos a esos niveles de estimación estructural, cuando retornemos a una situación plena de la senda de actividad del producto que teníamos precrisis.
FUENTE: EL ECONOMISTA
