La Agencia Tributaria dispone de plazos amplios para iniciar un procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria, plazos que en algunos casos comienzan a contarse años después de que finalice el periodo voluntario de pago. Sin embargo, los tribunales han establecido límites para aclarar cuándo se produce la prescripción del derecho de la Administración a exigir el pago de deudas tributarias. Recientemente, el Tribunal Supremo ha abordado si Hacienda puede exigir el pago al responsable subsidiario cuando el proceso previo contra el responsable solidario ha sido anulado.
Según el artículo 41 de la Ley General Tributaria (LGT), los deudores principales pueden ser acompañados por responsables solidarios o subsidiarios, siendo la responsabilidad generalmente subsidiaria, salvo disposición legal en contrario. Los artículos 174 a 176 de la LGT regulan el procedimiento para derivar la responsabilidad, que requiere un acto administrativo que declare y determine su alcance. Esta responsabilidad puede declararse en cualquier momento posterior a la liquidación o autoliquidación, salvo disposición en contrario.
En cuanto a los plazos para exigir el pago, el artículo 66b de la LGT establece que el derecho de Hacienda a exigir el pago prescribe a los cuatro años. Para los responsables solidarios, el plazo comienza al finalizar el periodo de pago voluntario del deudor principal. En el caso de los responsables subsidiarios, el plazo inicia desde la notificación de la última actuación recaudatoria dirigida al deudor principal o a los responsables solidarios. Además, el artículo 68.2 de la LGT establece que cualquier actuación de la Administración con conocimiento del obligado tributario puede interrumpir este plazo de prescripción.
En un caso reciente, el Tribunal Supremo resolvió si la anulación de un procedimiento de responsabilidad solidaria interrumpía el plazo de prescripción para exigir el pago al responsable subsidiario. Hacienda había iniciado un procedimiento de responsabilidad solidaria contra una empresa, que fue anulado al no acreditarse la sucesión de empresas. Posteriormente, se inició un procedimiento de responsabilidad subsidiaria contra el administrador del deudor principal. El Tribunal Supremo concluyó que la anulación del procedimiento de responsabilidad solidaria no interrumpió el plazo de prescripción, ya que los actos dirigidos contra el responsable solidario no tuvieron efectos interruptivos para la prescripción.
En consecuencia, la anulación del procedimiento de responsabilidad solidaria no afecta al plazo de prescripción para exigir el pago a los responsables subsidiarios. Dada la complejidad de estos casos, es recomendable consultar con un especialista en derecho tributario para abordar situaciones similares.
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