El Gobierno no aclara si el nuevo alza entrará en vigor en septiembre o en octubre y se limita a decir que será «inmediata».
El acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) este año se resiste y la negociación se mantiene bloqueada. Este martes, un día después de la última reunión entre el Gobierno y los agentes sociales, no se logró ningún avance claro y las posturas de las tres partes siguen estando totalmente distanciadas, sobre todo la de la patronal, que no está dispuesta a ceder lo más mínimo. Los sindicatos, por su parte, sí dejaron entrever cierta flexibilidad en su planteamiento inicial de incrementarlo 25 euros y se conformarían con un alza de 19 euros siempre y cuando en 2022 se sitúe en el entorno de los 1.000 euros y se fije también la senda para 2023, por lo que un acuerdo bipartito sí es posible.
«Los 15 euros son claramente insuficientes y, desde luego, los 19 euros si no hay un acuerdo que incluya el año 22 y 23, pues también», explicó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en declaraciones aTVE. También se mostró más conciliador su homólogo de CCOO, Unai Sordo, para quien la prioridad es llegar a los 1.000 euros en 2022. «El reto es que el 1 de enero de 2022 el salario mínimo sea al menos de 1.000 euros. Y si esto se pone encima de la mesa, hay margen para cerrar una subida para este 2021», subrayó.
Tampoco se avanzó en cuándo entrará en vigor el nuevo salario mínimo, si en septiembre u octubre, algo que el Ejecutivo no quiso aclarar. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se limitó a reiterar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la subida se producirá «con carácter inmediato» y remarcó que se están «apurando todas las posibilidades» para tratar de alcanzar el que sería el XII pacto de legislatura.
No será tarea fácil, puesto que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se reafirmó este martes en su negativa a una subida para este año y, por el contrario, puso el foco en negociar de forma «urgente» la nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre. «No es bueno, no es el momento de subir el SMI, aunque el Gobierno tiene la facultad de hacerlo sin necesitar el consenso», apuntó en declaraciones a Radio Intereconomía. En este sentido, matizó que la CEOE no se opone a un alza del sueldo más bajo, sino a que suba ahora, en un momento donde lo importante es impulsar la recuperación económica y el empleo. «Con esta subida puede haber menos gente que entre en el empleo. Con la que está cayendo, es un momento muy delicado y hay que tener cuidado con las cosas que se tocan», argumentó.
A este respecto, tanto el Gobierno como los sindicatos negaron que un incremento del SMI conlleve una destrucción de empleo, tal y como afirmó también este martes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La ministra portavoz defendió que este análisis «no se sostiene», pues el SMI ha subido un 30% en los últimos años y, de no haber sido por la crisis que trajo la pandemia, «el empleo no se hubiera visto afectado».
Por su parte, el secretario general de UGT acusó a la patronal de poner «diferentes excusas» para oponerse a la subida del SMI, cuando su rechazo se debe a «razones políticas», «no al SMI en sí». «Me parece que la patronal debe decidir si quiere continuar la senda del acuerdo, un acuerdo razonable, un acuerdo que sitúa los salarios en una posición aceptable para las empresas, menos aceptable para los trabajadores, pero, en todo caso, una senda positiva, o si definitivamente le da un portazo al SMI», expresó Álvarez.
Las razones de Garamendi
Garamendi quiso responder expresamente a las críticas realizadas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que le pidió que explique por qué no apoya esta subida para la población más vulnerable mientras los sueldos por convenio suben un 1,5%. En este sentido, el empresario se defendió y aseguró que la patronal está «con gente débil como la gente del campo» o con las muy pequeñas empresas que están fuera de convenio y a las que la subida «puede hacer mucho daño», pues en los últimos tres años esta renta mínima ya ha subido un 30%.
Además, recordó que existen otras «razones de peso» para oponerse ahora al alza del SMI, como el hecho de que el Estado y el resto de administraciones públicas no estén trasladando el alza a la contratación pública. Garamendi también argumentó que el 21% de los convenios que se están firmando este año contemplan congelación salarial, como el convenio de hostelería de Madrid.
Negociar los nuevos ERTE
Sin embargo, esta postura no significa que la CEOE se niegue en banda a negociar y no vaya a sentarse en las mesas del diálogo social, sobre todo para otros temas. «Hay mil temas sobre la mesa y nos sentaremos a hablar y si no estamos de acuerdo, lo diremos, como esta vez. Yo me debo a las empresas y a los autónomos de este país. Hacemos los planteamientos que pensamos que son buenos para España, no vamos a estar pendientes de presiones», advirtió.
Es más, urgió a que se abra ya la mesa para negociar la nueva prórroga de los ERTE a partir de octubre, una prórroga que del Gobierno ya dan por hecho -como así dejó claro este pasado lunes la vicepresidenta Nadia Calviño- pero para la que es necesaria pactar las nuevas condiciones.
Garamendi criticó que la última prórroga de los ERTE no se hubiera acordado ya hasta diciembre y emplazó a «ponerse las pilas» porque hay que ver qué exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social se establecen porque hay sectores que siguen «tocados», pero otros van saliendo adelante y -apuntó- no se trata de seguirles inyectando dinero.
«Hay que ponerse las pilas para trabajar ya en la normalidad. Tenemos una deuda del 120%. Tampoco podemos seguir jugando a que haya dinero porque sí, hay que usar el necesario en las causas necesarias, pero efectivamente habrá que ver como se plantean estos ERTE. Yo espero que se nos llame ya a la mesa y que las empresas y autónomos no estén esperando al último día para ver cómo se resuelven esos temas porque necesitan tranquilidad», explicó.
FUENTE: LAS PROVINCIAS
