El pasado 14 de marzo, se celebró en el Auditorio de las Torres Trade de Barcelona la Jornada profesional, organizada por la Fundación ADADE con la colaboración de E-Conuslting Trade, en la que se contó con ponentes de altísimo nivel que analizaron tres temas de pujante actualidad.
Al inicio del acto, D.
Ferran Butxaca, CEO de E-consulting Trade, dio la bienvenida a todos los
asistentes y se encargó de presentar a cada uno de los ponentes.
Intervino en primer lugar D.
Antonio Benavides, abogado, profesor
universitario y ex inspector trabajo, para analizar la reforma del sistema
de cotizaciones de los trabajadores autónomos (RETA). Benavides destacó que uno
de los objetivos principales de la reforma ha sido corregir la situación
anómala que se vivía en España, en la que un 80% de los trabajadores autónomos
cotizaban por la base mínima con la consiguiente disminución de su pensión de
jubilación. También puso de manifiesto la provisionalidad del sistema actual,
por dos motivos. Uno intrínseco, ya que el nuevo régimen de cotización se
asemeja al régimen de pagos a cuenta del IRPF, con lo que todas las
cotizaciones efectuadas son provisionales hasta su regularización el ejercicio
siguiente. Otro, extrínseco, motivado por la transitoriedad del sistema actual
de cotización por tramos, que va a ir desplegando sus efectos hasta el año 2032,
fecha en la que está previsto que se pase a un sistema de cotización totalmente
determinado por los ingresos sin bases mínimas ni máximas.
El ponente también destacó el hecho de que las tablas de cotización del RETA solamente están aprobadas para los tres próximos años, por lo que a partir del año 2026 se pueden ver incrementos importantes en las cuotas. Y finalmente, a preguntas de los asistentes, aclaró dudas sobre el propio concepto de rendimiento, el modo de computarlo o la desaparición de la posibilidad de cotizar por una base superior a los propios ingresos para obtener una pensión mayor en el futuro.
A continuación, realizó su presentación Dña. Yolanda Ríos, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Barcelona, quien expuso a los presentes la nueva regulación del concurso de microempresas. La magistrada explicó qué empresas pueden acogerse a este régimen concursal que tiene la particularidad de desarrollarse de forma totalmente telemática, sin presencialidad ni tan siquiera en el caso de las comparecencias o vistas judiciales, que se desarrollan de forma remota. También puso de manifiesto que, pese a ser una norma novedosa y muy enfocada al futuro y a cumplir con las directivas procedentes de la UE, lamentablemente está teniendo un despliegue deficiente debido a los no pocos problemas técnicos que se está encontrando: falta de adaptación técnica de los propios Juzgados, incompatibilidad entre las plataformas de las distintas comunidades autónomas, insuficiente funcionamiento de la plataforma de liquidación automática prevista, etc.
De Izda. a Dcha., Dña. Yolanda Ríos y D. Ferran Butxaca
La ponente también explicó a los presentes qué soluciones están
dando los Juzgados de lo Mercantil a las distintas dificultades que se les iban
planteando, y aconsejó que todo el que pretenda presentar un concurso lo haga
acompañado de un buen asesor, puesto que en algunos casos la información
incorrecta contenida en la documentación del concurso – incluso si el error es
involuntario – puede dar lugar a la declaración de culpabilidad del procedimiento
y con ello a graves responsabilidades.
Seguidamente, intervino para hacer su exposición el Jefe de Equipo Regional de la Inspección en
la Delegación Especial de la AEAT de Cataluña, D. José Manuel Lizanda. El tema que desarrolló fue qué obligaciones
fiscales mantienen las empresas inactivas que no han sido disueltas,
obligaciones que en muchos casos se olvidan por parte de los administradores
sociales que dan “por muerta” a una sociedad que no lo está, convirtiéndola en
un “zombi”. Lizanda destacó como, hace años, la AEAT ha emprendido una campaña
para depurar el censo de este tipo de sociedades, puesto que su mera existencia
acapara recursos de gestión e inspección que podrían destinarse a otros usos.
El ponente recordó a los asistentes que las sociedades inactivas
mantienen los deberes, entre otros, de presentar anualmente el Impuesto de
Sociedades y las Cuentas Anuales y que la falta de presentación puede dar lugar
a sanciones incluso a los administradores sociales y, cuando se repite en el
tiempo, puede conllevar la revocación del NIF y el cierre de la hoja registral.
En la práctica, ello significa que la sociedad y los activos que pueda tener
(bienes inmuebles, cuentas bancarias, etc.) quedan congelados, sin poder
disponer de ellos ni los socios ni los administradores, con los consiguientes
inconvenientes.
Además, recordó que este tipo de sociedades han sido y son objeto
del Plan de Inspección Tributaria, lo que implica que tienen una probabilidad
mayor de ser inspeccionadas por la Agencia Tributaria, la cual en caso de
encontrar hechos susceptibles de ser sancionados puede aplicar una serie de
sanciones pecuniarias que afecten también al patrimonio de los administradores.
Y lo mismo ocurre con las obligaciones en materia de registro, cuyo incumplimiento
puede dar lugar a sanciones de hasta 60.000 euros.
Por todo ello, el ponente recomendó a los presentes que abandonen
la práctica que tanto se había seguido de dejar sociedades inactivas sine die, procediendo a la liquidación
de las mismas, bien por la vía de liquidación y disolución notarial o bien por
la vía del concurso cuando la sociedad tenga deudas de las que no puede hacerse
cargo.
De Izda. a Dcha., D. José Manuel Lizanda; D. Ramón M.ª Calduch; y D. Ferran Butxaca
Finalmente, concluyó el acto con la intervención de D. Ramon Maria Calduch, Presidente de la Fundación Adade, el cual hizo una reflexión acerca de todas las ponencias para destacar cómo hemos de adaptarnos a los importantísimos cambios laborales, concursales y fiscales que estamos viviendo y la necesidad de contar con buenos asesores, formados e informados, para acompañar a las empresas y los empresarios en todo este proceso que implica abandonar viejas prácticas muy consolidadas y adoptar nuevos comportamientos de acuerdo con las normas y regulación vigentes.
