La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado que esta batería de medidas es coherente con la política fiscal defendida por el Gobierno y permite avanzar en un sistema fiscal más justo en el que aporten más quienes más tienen para reforzar el Estado del Bienestar.
La ministra María Jesús Montero ha presentado el paquete de medidas
fiscales que permiten avanzar hacia un sistema tributario más justo al
contemplar una mayor contribución de los grandes patrimonios y las grandes
empresas, mientras se recogen bajadas fiscales quirúrgicas en favor de las
rentas bajas, de los autónomos y de las pymes.
El objetivo es lograr una mayor cohesión social y un reparto más
justo de la crisis bajo la premisa de que aporten más quienes más tienen.
Montero ha recordado que la política fiscal progresiva y de protección
social también se ha reflejado en la manera de abordar el impacto de la crisis
derivada de la invasión rusa de Ucrania. En este sentido, la ministra ha
recordado las medidas adoptadas, por un lado, para proteger a la mayoría
social del país, como la bajada de impuestos de la electricidad y del gas
que va a permitir un ahorro de más de 10.000 millones de euros a las familias y
el tejido productivo.
Pero también mediante ayudas destinadas a la clase media y
trabajadora como la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante o
la gratuidad del transporte público de Cercanías y Media Distancia, además de
medidas para los colectivos más vulnerables como el incremento del 15% del
Ingreso Mínimo Vital o las pensiones no contributivas y ayudas directas a los
sectores más afectados como el transporte o la industria gas intensiva.
La ministra ha subrayado que esas medidas de alivio para la mayoría
social del país también han ido acompañadas de iniciativas para que quienes
más tienen aporten más mediante un gravamen para las empresas energéticas y los
bancos.
Nuevo
paquete de medidas
La ministra Montero ha explicado que el paquete de medidas presentado
es coherente con la política fiscal del Gobierno y profundiza en un modelo
fiscal pensado para "la mayoría social del país, que fortalece los
cimientos de la sociedad y genera oportunidades, eficiencia económica y prosperidad".
Estas
medidas, que se incorporarán en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 o
en leyes que permitan su puesta en marcha el próximo año,
actuarán sobre los grandes patrimonios, las grandes empresas, a través de
impuestos tan relevantes como el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades.
En concreto, entre las medidas incluidas para aumentar la aportación de
quienes más tienen se enmarca el anuncio de crear un Impuesto de Solidaridad de
las grandes fortunas que afectará a los patrimonios netos superiores a 3
millones de euros. Para evitar la doble imposición, los sujetos pasivos del
Impuesto de solidaridad solo tributarán por la parte de su patrimonio que no
haya sido gravado por su Comunidad Autónoma.
El tipo del impuesto será del 1,7% para los patrimonios entre 3 y 5
millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5 millones y 10
millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10 millones de
euros.
Se trata de
un impuesto estatal de carácter temporal para los años 2023 y 2024,
aunque se incluirá una cláusula de revisión para evaluar al término de su
vigencia si es necesario mantenerlo o suprimirlo. El potencial de
contribuyentes afectados se sitúa en 23.000 contribuyentes, el 0,1% del total y
el impacto recaudatorio potencial alcanza los 1.500 millones.
Rebaja del
IRPF al 50% de los trabajadores con menores ingresos
También se incluyen medidas en el IRPF para avanzar en el
objetivo de reducir la brecha de tributación entre las rentas del capital y las
rentas del trabajo. Para ello se incrementa un punto, hasta el 27%, el gravamen
para rentas del capital entre 200.000 y 300.000 euros. Asimismo, se eleva hasta
el 28% el gravamen para rentas del capital superiores a 300.000 euros. Esta
medida afectará a 17.814 contribuyentes y tendrá un impacto superior a los 200
millones.
Asimismo, para ayudar a los contribuyentes que más lo necesitan, el
Gobierno ampliará la actual reducción por rendimientos del trabajo.
Actualmente, este beneficio fiscal se aplica a rentas brutas hasta 18.000 euros
y el Gobierno ampliará y elevará la reducción hasta alcanzar contribuyentes con
un salario bruto del trabajo de 21.000 euros. Es decir, no sólo habrá más
beneficiarios, sino que la ayuda fiscal será mayor.
La ministra de Hacienda ha hecho hincapié en que esta medida no implica
una deflactación de la tarifa ni supone modificar tramos y tipos impositivos.
La reducción
por rendimientos del trabajo operará sobre sueldos brutos entre 15.000 y 21.000
euros, cifra que equivale al salario mediano de España. Es decir, esta
medida supone aplicar una rebaja para el 50% de trabajadores, que
lograrán un ahorro de 1.881 millones de euros.
Una consecuencia de la ampliación de la reducción por rendimientos del
trabajo es que el mínimo de tributación para un contribuyente soltero y sin
hijos sube de 14.000 euros a 15.000 euros. Ello es relevante y garantiza, por
ejemplo, que un trabajador que hoy gana el SMI, fijado en 14.000 euros, no
tributará por IRPF cuando el Gobierno aumente el Salario Mínimo
Interprofesional en 2023. También supone que un trabajador que hoy gana
14.500 euros y tributa por IRPF dejará de pagar el impuesto.
En el caso de un asalariado con dos hijos que presenta la declaración
conjuntos, el mínimo de tributación aumenta de 18.000 euros a 19.000 euros por
el incremento de la reducción de los rendimientos del trabajo.
Ahorro para
los autónomos
En el paquete de medidas fiscales también hay medidas dirigidas a
aliviar la situación de los autónomos, un colectivo prioritario para el
Gobierno. De esta forma, la ministra ha anunciado que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2023 incluirá una rebaja adicional en el IRPF de
cinco puntos porcentuales en el rendimiento neto de módulos, lo que permitirá
que 577.688 autónomos se ahorren 68 millones.
Además, los autónomos que tributan por estimación directa simplificada
aplican actualmente una reducción automática del 5% del rendimiento neto con un
importe máximo anual de 2.000 euros. Aquí entran lo que se conocen como gastos
deducibles de difícil justificación. El Gobierno elevará en los próximos
Presupuestos hasta un 7% el porcentaje de reducción. Eso beneficiará a 956.452
autónomos que verán reducida su factura fiscal en 116 millones de euros.
Además, la ministra de Hacienda también ha anunciado que se
prorrogará un año más los límites vigentes de exclusión en el sistema de
módulos. Esta decisión implica que más contribuyentes podrán seguir
tributando a través de este sistema, lo que supone un ahorro de 124 millones.
Más
aportación de las grandes empresas y rebajas para las pymes
Otras
medidas anunciadas tienen que ver con el Impuesto de Sociedades. La
ministra Montero ha recordado que desde el inicio de la legislatura el Gobierno
ha aprobado medidas para que las grandes empresas y multinacionales aporten
más. Ahí se enmarca la tributación mínima del 15% para grandes empresas y
grupos consolidados o limitar al 95% la exención de dividendos y plusvalías.
Siguiendo esa línea y en consonancia con un reparto justo de la crisis,
la ministra de Hacienda y Función Pública ha anunciado que se impulsará en el
Congreso de los Diputados un cambio normativo que limitará en un 50% la
posibilidad de compensar las pérdidas en los grupos consolidados. No se trata
de un incremento fiscal, sino que se difiere la posibilidad de compensar las
bases imponibles negativas.
Se trata de
una medida temporal que permitirá aumentar la recaudación en 2.439 millones
entre 2023 y 2024 y que afectará solo a 3.609 empresas,
que apenas representan el 0,2% de los declarantes del Impuesto sobre
Sociedades.
Por otra parte, para aliviar también la situación de las pequeñas
empresas, la ministra ha señalado que se rebajará el tipo nominal del Impuesto
sobre Sociedades del 25% al 23% para las pymes, con una facturación de hasta un
millón de euros. Esta medida beneficiará a 407.384 empresas que se ahorrarán
292 millones.
Con esta batería de medidas fiscales, unidas a las actuaciones
realizadas durante los últimos años, la ministra de Hacienda se ha mostrado
convencida de que España ganará en eficiencia económica, productividad y
cohesión social. "No hay mejor defensa de la clase media y trabajadora
que fortalecer nuestros servicios públicos universales", ha indicado.
Además, tal y como se había comprometido, el Gobierno también aprobará una rebaja del 10% al 4% el IVA de los productos de higiene femenina (compresas, tampones, protegeslips), preservativos y anticonceptivos no medicinales.
