El Gobierno reconoce que apenas han llegado los fondos a un 10% de pymes y autónomos, aunque culpa a las comunidades. Ha solicitado a la Comisión Europea que extienda el plazo extraordinario de ayudas públicas
Todo el mundo lo tenía asumido menos el Gobierno: el plan de ayudas directas iba a ser un fracaso por las exigencias y las trabas burocráticas. Y ayer, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lo reconoció implícitamente –aunque no públicamente– tras cursar una solicitud oficial a la Comisión Europea para que extienda el marco extraordinario de ayudas públicas de respuesta a la pandemia más allá del 31 de diciembre, para poder ampliar el plazo de las ayudas directas de 7.000 millones.
Sin embargo, el Ejecutivo ha vuelto a ponerse de lado en las posibles responsabilidades sobre que todavía queden pendientes de repartir en las arcas de las haciendas autonómicas más de 3.500 millones de estas ayudas. Apenas se han repartido otros 3.500, pero éstos solo han llegado a un 10% de las pymes y autónomos, unas cifras que ponen de manifiesto que algo ha fallado. Para el Gobierno, tal y como reprochó esta semana la portavoz, Isabel Rodríguez, y ayer reiteró la vicepresidenta Calviño, la culpa es de las comunidades, que son las encargadas de gestionar estos fondos, «porque han desplegado de forma desigual las ayudas. Hay algunas que nos han anunciado que van a terminar de ejecutarlas en breve y otras van más rezagadas». La ministra ha defendido que el Gobierno ha prestado «todo el apoyo posible» a las comunidades que van más lentas, pero ante estos retrasos se ha solicitado la ampliación del plazo con el objetivo de que lleguen a un conjunto más amplio de empresas afectadas por la pandemia.
Pero la situación, vista desde el otro lado de la barrera, es completamente distinta. Empresarios, asociaciones, autónomos y gobiernos autonómicos han cargado sin contemplaciones contra la propia concepción del plan. Para empezar, el mecanismo de solicitud es extremadamente lento, burocráticamente farragoso y con unos requisitos ineficaces y, en la mayoría de los casos, imposibles de cumplir pese a que hayan perdido más de 30% de sus ingresos durante el último año.
En teoría, la finalidad de este plan era distribuir ayudas directas a las empresas para reactivar su actividad, sanear sus cuentas y que afrontaran los meses que resten de pandemia en la mejor condición posible. Sin embargo, la exigencia de que las ayudas solo se autorizarán para el pago de deudas y costes fijos que se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, ha impedido a miles de pymes y autónomos su acceso a ellas. Y todo pese a que el Gobierno decidió modificar las bases del decreto y permitir que la ayuda sirviese para compensar pérdidas contables. Pero ese cambio, lejos de ampliar el campo de acción, solo ha servido para añadir más incertidumbre.
«El problema de fondo es que el plan está concebido como una subvención, no como una ayuda directa, y por eso es imposible que millones de autónomos y empresas puedan solicitarlas», denuncia Lorenzo Amor, presidente de ATA, para el que lo primero que tiene que hacer el Gobierno es «revisar el real decreto del plan para transformarlo en ayudas directas que se puedan pedir, como pasa en Alemania y en otros países de la UE, simplemente demostrando una pérdida del 30% de los ingresos. Y se acabarían todos los problemas». Dentro de los cambios que deberían hacerse destaca ampliar los plazos de devolución en seis meses más, que no haya que alcanzar los 4.000 euros de gastos propios, que se obvien las pérdidas del año 2019 y que las pymes y autónomos que hayan contraído deudas con la Agencia Tributaria por culpa de la falta de ingresos por la pandemia también puedan acceder a las ayudas. «Eso facilitaría mucho las cosas», reiteró Amor.
Desde la patronal Cepyme también se insiste desde hace meses de que «hay que simplificar el procedimiento burocrático, ya que la complejidad del sistema desalienta a las empresas de menor tamaño, por su mínima estructura interna», y advierte de que «es preciso reducir los costes y plazos de cumplimiento que puedan sufrir las empresas, sin prejuicio de la capacidad de la Administración de una comprobación posterior del cumplimiento de los requisitos».
Por su parte, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha cargado también contra el plan, al que ha calificado como «un auténtico fiasco» y ha pedido a la ministra Calviño que además de ampliar el plazo de ejecución, haga cambios en los requisitos y que «permita solventar con ese dinero las deudas que se hayan contraído con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, puesto que el requisito de estar al corriente de pago con las Administraciones Públicas les ha impedido pedirlo. Tienen que hacer cambios, si no, volverá a fracasar
FUENTE: LA RAZÓN
