El Real Decreto-ley 1/2025, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de enero y publicado en el BOE el 29 de enero, introduce una serie de medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para la protección de colectivos vulnerables y contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que el Gobierno aprobó en diciembre y no logró el apoyo necesario del Congreso el día 22 de enero de 2025 para convalidar el RDL 9/2024 (más conocido como «ómnibus»). Este decreto busca afrontar diversas crisis, especialmente aquellas derivadas de desastres naturales, situaciones laborales difíciles y la mejora de las condiciones sociales. A continuación, se presentan las principales disposiciones del decreto.
Suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras: Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la restricción a las inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos, aplicable a inversiones superiores a 500 millones de euros.
Exención de pérdidas contables para empresas afectadas por la DANA: Las empresas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana quedan exentas de la causa de disolución por pérdidas hasta el ejercicio fiscal de 2026.
Financiación especial para la Comunidad Valenciana: El Estado permitirá a la Comunidad Valenciana realizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo para cubrir los gastos derivados de la DANA.
Ayudas directas al transporte público: Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025, se implementarán bonificaciones directas para los usuarios del transporte público, incluidas gratuidades para menores de 14 años y descuentos de hasta el 50% en títulos para jóvenes.
Descuentos en transporte ferroviario: Se establecen descuentos de hasta el 50% en algunos trayectos ferroviarios y tarifas reducidas en cercanías.
Fomento de la movilidad sostenible: Se destinan subvenciones para la adquisición de bicicletas eléctricas y la distribución urbana sostenible.
Revalorización de pensiones: Las pensiones contributivas y no contributivas se incrementan un 2,8%, manteniendo la revalorización automática para evitar pérdida de poder adquisitivo. Se establece un límite máximo de pensión de 3.267,60 euros mensuales.
Bases de cotización: Se actualizan las bases de cotización, aumentando la base mínima en proporción al Salario Mínimo Interprofesional y la base máxima en un 4%.
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): Se mantiene una cotización adicional del 0,80% para reforzar el sistema público de pensiones.
Protección del empleo: Se extiende la protección laboral a empresas que reciban ayudas públicas, prohibiendo despidos por aumento de costes hasta el 31 de diciembre de 2025.
Suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables: Se extiende la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2025, garantizando la protección de los inquilinos en situación de vulnerabilidad económica. Las Administraciones Públicas deberán garantizar soluciones habitacionales.
Compensaciones a arrendadores: Se establece un sistema de compensaciones para los propietarios afectados por la suspensión de los desalojos, calculadas en función del valor medio de alquiler de la zona.
Creación de un sistema público de avales para propietarios e inquilinos: El Estado actuará como avalista en contratos de alquiler, garantizando el pago de rentas en caso de impago temporal por parte de los inquilinos. Esta medida beneficiará a jóvenes y familias vulnerables con dificultades económicas.
Bono social eléctrico: Durante 2025, los consumidores vulnerables disfrutarán de descuentos del 50% y los vulnerables severos de 65% en la factura de la electricidad, con descuentos progresivos para la segunda mitad del año.
Garantía de acceso a suministros básicos: Se prohíben los cortes de luz y agua para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025. Las Administraciones locales deberán garantizar alternativas de pago para aquellos hogares en riesgo de exclusión social.
Estas medidas buscan no solo paliar los efectos de situaciones adversas, sino también generar un impacto positivo en el bienestar social, económico y laboral de los ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad.
Más información: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-1560
ADADE Central
