La Generalitat espera recaudar unos 7,5 millones de euros con un tributo de justificación ambiental para compensar la contaminación de estos buques
La Generalitat de Cataluña amplía su base de recaudación
fiscal y ha anunciado este viernes que aprobará próximamente el
anteproyecto de ley del impuesto sobre la contaminación de los grandes barcos
en los puertos catalanes, con el que espera recaudar 7,5 millones de euros al
año y con la que un crucero de media tendría que pagar unos 1.400 euros y un
petrolero, en torno a 3.000.
Así lo ha explicado el conseller de Acción Climática, Alimentación y
Agenda Rural, Davd Mascort, y la directora general de Calidad Ambiental y
Cambio Climático, Mireia Boya, en rueda de prensa este viernes. El impuesto
gravará las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (PM)
de los grandes barcos que atraquen en los puertos, y les obligará a pagar 1
euro por cada kilogramo emitido.
La nueva medida quiere ser un incentivo para conseguir que las grandes
embarcaciones con una capacidad o volumen superior a 5.000 toneladas reduzcan
sus emisiones, informa Efe.
Afectará al 80% de los grandes barcos que atracan en el Puerto de
Barcelona, al 76% de los que lo hacen en el Port de Tarragona y al 75% de los
barcos del resto de puertos de catalanes. Quedarán exentos del impuesto
aquellas embarcaciones que presten servicios públicos, las que se vean obligadas
a atracar o fondear en caso de peligro o fuerza mayor y las que realicen
actividades de ayuda humanitaria.
Habrá bonificaciones para los barcos que utilizan energía eléctrica y
para los que efectúen escalas en “las líneas de interés público” con origen o
destino en Palma, Maón o Ibiza.
La carga tributaria media por escala será de 759 euros: el 44% de las
escalas tendrán una cuota inferior a los 300 euros; el 60%, a los 500 euros y
el 78%, a los 1.000 euros.
Mascort ha asegurado que el impuesto no será disuasorio para los barcos
que quieran atracar en Catalunya porque “no son grandes cuotas”.
El Govern espera recaudar 7,5 millones de euros anuales, que invertirá
en proyectos destinados a acciones en torno a la movilidad sostenible y la
protección del ambiente atmosférico.
Este impuesto se incluye en la Ley de Cambio Climático y el Govern prevé que se apruebe a finales de 2023 en el Parlament y que entre en vigor en el segundo semestre de 2024. Mascort ha asegurado que la propuesta es pionera en España y que ya está implementada en algunos países del norte de Europa.
FUENTE: Cinco Días