El Consejo de Ministros dio antes de ayer luz verde al Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal. El proyecto normativo tiene por objeto una modificación parcial del Real Decreto 997/2003, del reglamento del Servicio Jurídico del Estado, y su finalidad es adaptar la asistencia jurídica al Estado y al resto del sector público a las necesidades de una Administración moderna.
Este real decreto contempla potenciar el valor de la búsqueda de la
excelencia en la organización de la Abogacía General del Estado; culminar la
reorganización iniciada en el año 2003, eliminando la coexistencia de fórmulas
organizativas diferentes y lograr el refuerzo institucional de la Abogacía
General del Estado.
También reforzará el ámbito consultivo, potenciando las funciones de
coordinación y apoyo; y fortalecerá el ámbito contencioso mediante una mayor
especialización de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Del mismo modo, la norma pretende dotar a la organización de una
estructura más racional y eficiente, introduciendo unidades intermedias;
adaptar la organización territorial de la Abogacía General del Estado a la
organización de la Administración del Estado en el territorio; así como
racionalizar su estructura con el fin de garantizar la prestación de una
asistencia jurídica estable en aquellas provincias cuya cobertura presenta
dificultades en la actualidad.
Con este real decreto, también se busca introducir fórmulas que incrementen la flexibilización y la dinamización de la organización; racionalizar el trabajo y mejorar el aprovechamiento y la eficiencia de los recursos humanos.
