El
Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el III Plan de Igualdad en la
Administración General del Estado (AGE), que debe comenzar al principio de cada
legislatura desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 (artículo 64) para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Según
ha anunciado en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Ministros, la portavoz y titular de la cartera de Hacienda, María Jesús
Montero, el plan ha sido impulsado por los ministerios de Política Territorial
y Función Pública y de Igualdad, y suscrito por las organizaciones sindicales
de empleados públicos, CSIF y UGT.
Montero
ha detallado que se trata del tercer plan aprobado por el Ejecutivo, tras los
de 2011 y 2015, y que "por primera vez" se incluye medidas
transversales para que todos los ministerios y sus organismo dependientes
"actúen en base a unas directrices que son comunes y homogéneas para
todos".
Asimismo,
la portavoz del Gobierno ha señalado que la Administración "quiere abordar
las necesidades reales" del personal al servicio de la AGE, formado por un
51,4% de mujeres y un 48,6% de hombres. Montero ha apuntado que, "gracias
al estudio que se ha hecho, por primera vez se analiza esta distribución por
sexo para detectar las desigualdades que pudieran concurrir", hallando lo
que denominan "segregación vertical" en los puestos inferiores de la
Administración, que es donde se encuentra un mayor número de mujeres.
De
este modo, la ministra ha defendido la conveniencia de "actuar en este
sentido para tomar medidas en función y en favor del cambio estructural"
que pretenden impulsar.
Por
tanto, ha destacado que el Gobierno incidirá en la captación y retención de
talento femenino; en el desarrollo a lo largo de la escala de la
administración, persiguiendo la promoción interna de las mujeres; en combatir
la brecha salarial del 5,2%; en lograr un balance entre ambos géneros a la hora
de acceder a los permisos no retribuidos; y en la lucha contra la violencia
contra las mujeres.