A las empresas, al Estado y a los bancos les beneficia que su devolución se dilate el mayor tiempo posible.
Reforma tras reforma, las condiciones para la devolución de los préstamos ICO han ido cambiando a lo largo de su breve tiempo de existencia. Este plazo ha sido recientemente ampliado hasta 10 años, a la vez que se regulaba la posibilidad de negociar quitas de deudas para empresas bajo determinadas condiciones. Las sucesivas modificaciones legislativas en este corto periodo hacen que no sea un disparate pensar que estas seguirán sucediéndose, ampliando los plazos y creando en la práctica una deuda perpetua para las empresas.
La razón por la que se producirá esta situación es que, en realidad a todas las partes intervinientes en la formalización de los préstamos ICO les benefician que se dilate el mayor tiempo posible su devolución. Estas son, las empresas, el Estado y los bancos.
Por un lado, tenemos a las empresas. Al pedir los préstamos, muchas empresas han tenido que incorporar en sus balances tal magnitud de deuda que, aunque esta les haya aportado la liquidez necesaria para superar los meses de pandemia, su viabilidad queda en entredicho si tienen que devolverla. Lógicamente, son las primeras interesadas en posponer al máximo la devolución del capital de estos préstamos para preservar su liquidez y no comprometer su viabilidad. ¡Pelota hacia adelante!
Por otro lado, el Estado, que tiene la sartén por el mango como legislador para evitar tener que hacer valer su condición de garante del préstamo, va a prorrogar los avales del ICO tanto como haga falta con el objetivo de proteger el máximo el tejido empresarial. Además, es probable que en los próximos años veamos cómo se reconfiguran las quitas de deudas.
Por último, tenemos a los bancos. En principio, tal y como está definido el préstamo, la posición de garantía del Estado hace que los bancos tengan cubiertas las espaldas. Aunque de entrada no lo pudiera parecer, tampoco tienen ningún interés en que las empresas les devuelvan el capital de estos préstamos, puesto que el único interés real es cobrar los intereses con los que contribuyen a la primera línea de su cuenta de resultados, por lo que las ampliaciones también les beneficiarían.
Definamos la situación. Si las empresas les devuelven el capital en un corto período de tiempo, las entidades financieras tendrían que buscar otras inversiones donde invertirlo y, actualmente, no existe ninguna inversión en el mercado que tenga tan poco riesgo como los préstamos ICO, al contar con la garantía del Estado, atendiendo a la rentabilidad que les ofrece. Los bancos tienen el dinero justo donde les interesa.
De este modo, a pesar de que algunas empresas desean empezar a amortizar los préstamos desde el minuto 1, son los bancos los que están insistiéndoles encarecidamente en alargar el partido y que añadan un año adicional de carencia y que aumenten el plazo de amortización.
Por todo ello, parece lógico pensar que a estos préstamos se les van a ir añadiendo sucesivos períodos de carencia año tras año. Ampliación tras ampliación. Probablemente, dentro de 15 o 20 años todavía veremos empresas que mantienen estos préstamos ICO en sus balances y sin un calendario de amortización definitivo, una situación similar a las que se da con la deuda externa de los Estados.
Llegados a este punto, se debe hacer una reflexión sobre si el modelo de los préstamos ICO ha sido el más adecuado. Si bien es cierto que los préstamos que se han venido concediendo a empresas con el aval del ICO desde la irrupción del Covid-19 han conseguido mantener a flote a muchas empresas, también hay un consenso generalizado que, tal como se diseñó este instrumento, esta no es la mejor solución para resolver el problema que ha acontecido.
De forma bastante generalizada las empresas han visto reducido su nivel de actividad y de ingresos, lo que en muchos casos ha provocado, no solo falta de liquidez, sino también haber incurrido en pérdidas durante muchos meses. Este período durante el cual las empresas han estado sufriendo pérdidas se está pudiendo superar gracias a la liquidez que han obtenido de los préstamos bancarios avalados por el ICO, pero no hay que olvidar que se han financiado las pérdidas con deuda.
Existen muchas formas de financiar las pérdidas: fondos propios, ampliaciones de capital o subvenciones a fondo perdido, pero financiarlas con deuda no es lo más ortodoxo. Partiendo de la base de que algunas empresas lograrán devolver el préstamo, pero muchas otras se verán en una situación de deuda perpetua, ¿habría sido más conveniente prestar, directamente, subvenciones a fondo perdido, como han hecho algunos países europeos?
La Covid ha enfrentado a nuestros gobernantes ante un problema básico de administración de empresas: cómo financiar las pérdidas. Entre las fórmulas que hemos citado, habrá quien se decantará más por una o por otra. Hay gustos para todos. Pero financiar pérdidas con deuda no contará con muchos defensores.
FUENTE: CINCODÍAS
